“El Ejecutivo siente que con haber aprobado el matrimonio igualitario era suficiente”: Margarita Salas, presidenta de Vamos

El Gobierno de Carlos Alvarado tiene aún muchos pendientes en materia de derechos humanos para la población con identidad y orientación sexual diversa, en criterio de Margarita Salas, excomisionada para Asuntos LGBTQ+ y presidenta del partido Vamos.

Pese que con la actual administración entró en vigor el matrimonio igualitario, el Ejecutivo ha dejado en el tintero otros asuntos que son importantes para la comunidad LGBTQ+, de fundamental importancia.

Salas conversó con LA REPÚBLICA sobre estos temas en conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ.

¿Saldó sus deudas el Gobierno con la comunidad LGBTIQ+ con el matrimonio civil igualitario o más bien esto debe verse solo como un punto de partida?

Definitivamente no es un saldo con los derechos de la población LGBTIQ+, que van mucho más allá del matrimonio igualitario, que, aunque fue un hito fundamental, hay que tomar en cuenta los actores, que van mucho más allá de este hito.

Es solo un punto de partida, porque era fundamental para proteger a las familias conformadas por personas del mismo sexo, no obstante, los derechos y las discriminaciones que enfrentamos van más allá de esto. La opinión consultiva que da lugar a la aprobación del matrimonio igualitario, también aborda la identidad de género y este es un tema en que el Estado solo ha actuado de forma parcial con respecto a lo ordenado por la CIDH.

Por ejemplo, el Registro Civil reconoce el cambio de nombre de las personas trans, pero no así la adecuación de su sexo, es decir, están en una posición en la que el Estado les reconoce su nombre, pero no su identidad.

¿Cuáles otros pendientes se le pueden señalar al Gobierno?

Los problemas de identidad de género derivan en una serie de inconvenientes tales como que las personas trans deban candidatearse a puestos políticos con una identidad de género distinta a las que les corresponde, repartición de becas por género y confusiones en las bases de datos de bancos y escuelas, derivando también en violación de la privacidad y discriminación.

También queda pendiente prohibir las terapias de conversión en el país, consideradas un tipo de tortura, porque, aunque parezca mentira, en Costa Rica aún existen centros de terapias de conversión donde se obliga a personas menores de edad a llevar tratamientos o ingresar a tratamientos donde intentan transformar punitivamente la identidad o la orientación sexual de las personas.

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Tampoco contamos con una ley antidiscriminación, pese a que las personas LGBTIQ seguimos enfrentando discriminación en bares, restaurantes, centros comerciales y hasta a la hora de alquilar casa. En todos estos casos debemos interponer un recurso de amparo y judicializar, en lugar de que la legislación plantee claramente que esto es discriminatorio.

Deberíamos también tipificar y registrar los crímenes de odio contra personas de la comunidad LGBTIQ+, para que sean juzgados como tales.

¿Qué opina de la inclusión de la objeción de conciencia en la reforma a la Ley de Empleo Público?

Es un gran retroceso fundamental para el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+, así como para el avance de los derechos humanos de otros grupos como afrodescendientes, personas con alguna discapacidad, adultos mayores y mujeres. Esta cláusula es abrir un portillo y menoscabar el trabajo de capacitación que se venía haciendo en el sector público.

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Es preocupante porque dicha reforma tiene el beneplácito del Gobierno. Tengo la impresión de que el Ejecutivo siente que con haber aprobado matrimonio igualitario era suficiente y me parece importante que este Gobierno recuerde que cuando fue electo, ya la CIDH había hecho la aprobación del matrimonio igualitario.

Este Ejecutivo sabe y sabía que tiene una serie de pendientes que trabajar y no necesariamente ha avanzado en ellos. Cuesta ahora comprender que empiecen a borrar con el codo lo que empezaron con la mano.