El atraso al Apagón Analógico de la Televisión

La decisión del Poder Ejecutivo de posponer el apagón de las transmisiones analógicas de televisión en Costa Rica (comúnmente conocido como apagón analógico), se vio opacada, al igual que otros temas de alto interés nacional, por la jornada electoral del pasado 4 de febrero y la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, esta decisión no debe pasar desapercibida, ya que tiene importantes consecuencias para el país.

El proceso de transición hacia la Televisión Digital tiene como objetivo general brindar mayor acceso a la sociedad de la información y conocimiento, más variedad y cantidad de programación, mejor calidad del servicio, acceso a aplicaciones interactivas y nuevos modelos de negocio. Por su parte, dentro de los objetivos específicos interesa para el sector de las telecomunicaciones la optimización del espectro radioeléctrico, bien demanial del Estado, a partir del ordenamiento de frecuencias resultantes del proceso de transición a la Televisión Digital Terrestre (en adelante TDT).

El Poder Ejecutivo mediante Decreto N°40812-MICITT, publicado en el Alcance N°312 del diario Oficial La Gaceta, del 22 de diciembre del 2017 pospuso la fecha del Apagón Analógico por un plazo de 20 meses, modificando así la fecha del 15 de diciembre del 2017 al 14 de agosto del 2019. La decisión se basa en diversos elementos dentro de los cuales se destacan de los considerandos del Decreto los siguientes: a) cierre de la campaña electoral la cual podría extenderse al mes de abril del 2018 y la necesidad de garantizar el derecho al sufragio informado; b) la entrada a partir de mayo del 2018 de nuevas autoridades de Gobierno que requerirán de un plazo prudencial para asumir las responsabilidades del proceso de transición a la televisión digital; c) una reformulación de la estrategia de comunicación; d) la necesidad de un plazo prudencial para llevar a cabo la adecuación de los títulos habilitantes de los concesionarios de radiodifusión televisiva existentes, los cuales se han visto afectados por la situación de riesgo inminente en el Parque Nacional Volcán Irazú en el cual se encuentran la infraestructura de los concesionarios; e) así como el proceso electoral de las Autoridades Municipales a efectuarse en febrero del 2020. Tomando en cuenta que el apagón debió ocurrir en diciembre de 2017, es interesante que el gobierno justifique su atraso principalmente en situaciones que ocurrirían hasta el 2018.

La decisión del Poder Ejecutivo impacta directamente al sector de las telecomunicaciones, en tanto la liberación de las bandas, en las cuales hoy se encuentran ubicados canales de televisión, implicaría un mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico en cumplimiento de los objetivos de la Ley General de Telecomunicaciones, específicamente del artículo 2, inciso g), el cual dispone el deber de asegurar la eficiente y efectiva asignación, uso, explotación, administración y control del espectro radioeléctrico y demás recursos escasos.

Adicionalmente, de conformidad con el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, en su nota CR 058, la transición a la TDT implicará que el segmento de frecuencias de 698-806 MHz, en donde hoy en día se ubican los canales de televisión del 52 al 69, sea atribuido al servicio móvil, para la implementación de sistemas de telecomunicaciones móviles internacionales (IMT) como por ejemplo implementación de la tecnología 4G-LTE o nuevas tecnologías para datos en dispositivos móviles. Dicho segmento es muy atractivo para los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones que se encuentran operando hoy en día en el país, así como para posibles nuevos operadores que consideren a Costa Rica como un mercado atractivo para invertir, lo que introduciría mayor competencia y dinamización al sector. Estos segmentos se caracterizan por tener mejor propagación y penetración de las señales electromagnéticas, lo que implicaría mayor cobertura y por tanto, una mejor calidad de los servicios de telecomunicaciones que reciben los usuarios finales.

Así las cosas, esta decisión atrasa la instrucción de nuevos procedimientos concursales en donde se otorgue en concesión el espectro radioeléctrico, impactando no sólo a los operadores y proveedores por la escasa disponibilidad de dicho bien, sino también a los proyectos vinculados con el acceso, servicio universal y solidaridad que ejecute el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, el cual tiene dentro de sus fuentes de financiamiento los recursos provenientes del otorgamiento de concesiones lo que impacta la reducción de la brecha digital.

Pero serán los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones, es decir la población en general los más afectados, ya que deberán esperar más tiempo para disfrutar de las bondades y mejores prestaciones del servicio de TV digital, de una mejor calidad de los servicios móviles, de obtener mayor acceso a servicios de la sociedad de la información y nuevas tecnologías, así como de nuevos modelos de negocio que promuevan el bienestar económico, la inversión y finalmente el desarrollo del país.

Esperemos que se puedan tomar las acciones necesarias para que cuando llegue la nueva fecha, no solo no se posponga otra vez, sino que se pueda recuperar el tiempo perdido y aprovechar así de la mejor forma los beneficios de esta importante transición. 

Laura Rodríguez Amador
Abogada especialista en Derecho de las Telecomunicaciones
Aguilar Castillo Love
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