Diálogo tripartito sobre empleo público no puede ser indefinido

El diálogo tripartito propuesto por el mandatario Carlos Alvarado para conversar sobre el empleo público no puede ser indefinido.

Así lo consideran los empresarios, quienes están dispuestos a debatir con el gobierno y los sindicatos sobre el costo y la pertinencia de los pluses salariales.

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En ese sentido, el sector productivo es del criterio que el diálogo no puede extenderse más de tres meses, ya que existen muchos diagnósticos al respecto.

Paralelamente, el país está urgido de tomar decisiones en torno al déficit fiscal, que el año pasado cerró en un 6,2% del Producto Interno Bruto (PIB).

Para ello, se requiere contener el gasto público primero y así, darles viabilidad política a los nuevos impuestos que demanda Alvarado a través del proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas.

“Es importante aprovechar los espacios de diálogo en aras de hacer más sólido el proyecto fiscal en la parte de empleo público, y si ello conlleva incluir modificaciones al servicio civil, como lo mencionó el Presidente en su discurso inaugural, bienvenido sea; sin embargo, el plazo máximo debería ser de tres meses improrrogables, pues los insumos ya existen”, dijo Gonzalo Delgado, presidente de la UCCAEP.

En el eventual diálogo también estaría presente la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

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La preocupación en torno al empleo público se debe a que los pluses salariales se han convertido en una bola de nieve, principalmente el incentivo de la anualidad, el cual se paga todos los años a los burócratas por laborar un año más.

Para 2017, los funcionarios del gobierno central recibieron en promedio ¢2 millones por ese plus de acuerdo con el presupuesto. En comparación, el valor de la anualidad para 2006 era en promedio de ¢950 mil, una vez descontada la inflación.

Se trata de un incremento promedio del 114% por empleado, mientras los salarios crecieron solo el 72%, en términos reales, de acuerdo con un cálculo hecho por LA REPÚBLICA.

Por ello, el anterior gobierno incluyó en la ley de responsabilidad fiscal un capítulo para restringir el pago de las anualidades y otros incentivos como la prohibición y la disponibilidad, mientras que legisladores de todos los partidos están de acuerdo en restringir el pago de los incentivos salariales.

Bajo esa premisa, se ha propuesto un nuevo mecanismo de evaluación de los burócratas, con el objetivo de que la anualidad solo se conceda a quienes obtengan una calificación de “excelente” o “muy bueno” en su desempeño y no se otorgue de manera automática como sucede hoy día.

“Siempre que se busque el diálogo franco, constructivo, transparente, balanceado y, muy importante, con una agenda clara y puntual para llegar a acuerdos sobre temas de interés nacional, es bueno. Esa agenda debe estar delimitada a empleo público y no a otros temas de contención del gasto público que ya se han discutido, como la regla fiscal. El tiempo para tomar las acciones debe depender de la agenda planteada y ser propuesto inicialmente por el gobierno”, dijo Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias.

En su discurso de aceptación del cargo este martes 8 de mayo, el nuevo Presidente se comprometió a reducir el déficit fiscal a la mitad al terminar su mandato.

Esto, porque según él la estabilidad social y económica del país dependen de las acciones que se tomen en torno al déficit fiscal.

Y es que no es para menos, ya que se estima que al cerrar este 2018 la diferencia entre ingresos y gastos del gobierno cerrará en un 7,1% del PIB, lo cual se traduciría en tasas de interés más altas para préstamos y tarjetas, mientras que la inversión privada se contraería, reduciendo las posibilidades de empleo.

Asimismo, habría menos impuestos que cobrar, mayor criminalidad y una situación económica más complicada para solicitar préstamos en el extranjero.

“Esta será la quinta administración que tendrá que lidiar con este tema, con una diferencia radical: el tiempo está a punto de agotarse. Y eso pone en riesgo a la nación de cara a sus 200 años”, dijo Alvarado.
 

El gasto
Las anualidades para 2017 superaron los ¢281 mil millones, las cuales vienen subiendo desde hace años (cifras de empleados en miles, salarios y anualidades en miles de millones de colones).

Fuente Ministerio de Hacienda