Día de la Protección de Datos: muchos retos, pocos avances

Mauricio París [email protected] | Jueves 28 enero, 2021

Como todos los años, hoy 28 de enero conmemoramos el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, por haberse suscrito en esta fecha, hace 40 años, el Convenio 108 de la Unión Europea, único tratado internacional en la materia. Este Convenio, pese a haber nacido en el seno de la Unión Europea, está abierto a adhesiones extracomunitarias, es decir, está abierto a adhesión de cualquier país, en el tanto este cuente con un marco normativo doméstico compatible con dicho Convenio.

Este año, esta conmemoración adquiere una relevancia mayor a la luz de los hechos que vivimos durante el año 2020, en donde la temática de la protección de datos personales y la privacidad de los costarricenses fue de gran relevancia, no sólo por la situación sanitaria, sino por otros factores que conviene no olvidar.

En febrero de 2020, conocimos que Casa Presidencial pretendió formalizar, por medio de un Decreto Ejecutivo, la llamada Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), un grupo de asesores de Presidencia que venía realizando tratamientos de datos personales de los habitantes desde inicios de la Administración Alvarado, recolectando o solicitando acceso a datos personales custodiados por diversos órganos del Estado, incluyendo datos personales sensibles, tales como los contenidos en el SINIRUBE o los datos relacionados con las aprehensiones realizadas por la Policía. Gracias a la labor de la prensa y al repudio generalizado de la población, la UPAD tuvo una efímera existencia jurídica, sin embargo, el alcance de los tratamientos de datos personales que realizó o incluso se sigue realizando, sigue siendo hoy un enigma para los ciudadanos, que desconocemos qué datos se trataron, cuál fue el destino de estos, si fueron eliminados, o incluso, si los accesos que fueron habilitados en su momento por las instituciones siguen estando hoy operativos o no. Las consecuencias políticas y judiciales están aun pendientes de definición.

La pandemia trajo también una serie de situaciones novedosas, con un componente importante en materia de privacidad, como la toma de temperatura corporal en establecimientos e instituciones (que nunca fue regulada por el Ministerio de Salud), la posibilidad, no utilizada por el Gobierno de emplear la tecnología de rastreo de contactos puesta a disposición por Google y Apple, y el mal manejo de los datos personales de los costarricenses por parte de un grupo de funcionarios de la CCSS, que compartían los resultados de las pruebas PCR de cientos de personas mediante un chat de WhatsApp sin ningún tipo de medida de seguridad.

Tuvimos también filtraciones de seguridad en instituciones bancarias, como el caso de la filtración de números de tarjetas de crédito por parte del grupo de crackers denominado Maze, que publicó en el deep web miles de números que aseguró, correspondían a clientes del Banco de Costa Rica.

También trascendió la existencia de un grupo de Telegram en donde 3000 personas intercambiaban contenido explícito de carácter sexual de costarricenses, provocando una afectación a la privacidad de muchas de estas personas que no habían consentido la difusión de este material.

Y para terminar el año, en noviembre, tuvimos noticia del Proyecto de Ley No. 21.321, para crear el Repositorio Único para Fortalecer las Capacidades de Rastreo e Identificación de Personas, que fue dictaminado favorablemente de forma unánime por la Comisión de Gobierno y Administración, que pretende la creación de una base de datos centralizada de datos biométricos de todos los costarricenses, a la que puedan acceder todos los cuerpos de policía sin mayor restricción y sin intervención judicial, y, lo que es más preocupante, pueda ser accedida por cualquier interesado en adquirir esos servicios de identificación.

Todos estos son ejemplos prácticos de la importancia que tiene la protección de datos personales hoy día. El año 2021 ya evidencia otros casos, por ejemplo, los retos asociados al uso de los datos relativos a la vacunación, los llamados pasaportes sanitarios, o incluso el interés de la población en los términos y condiciones de uso de las aplicaciones de mensajería instantánea.

Los casos surgidos en 2020 también evidenciaron el desconocimiento que existe entre la población, pero, sobre todo, el de los Poderes Públicos en materia de protección de datos. Patentizaron también la importancia y urgencia de contar con un marco regulatorio moderno que siente reglas claras respecto al tratamiento de datos personales, así como la imperiosa necesidad de contar con un regulador con la independencia, capacidades técnicas y recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las normas, por que en ninguno de los casos mencionados vimos al regulador, sea a la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, jugar papel alguno al respecto.

La Asamblea Legislativa tiene la oportunidad, en lo que le resta de su mandato, de proponer soluciones a los ciudadanos que trasciendan lo meramente político, como ha sido el Proyecto de Reforma al Artículo 24 de la Constitución para la inclusión de la Protección de Datos como derecho autónomo, o terminar de perfilar la reforma integral a la Ley de Protección de Datos, actualizándola, acercándola al estándar internacional en la materia y haciendo cirugía mayor respecto de Prodhab. Estos pasos nos permitirían acercarnos al objetivo de ser, algún día, parte del Convenio 108, lo que significaría una enorme posibilidad de potenciar al país como una jurisdicción segura en materia de protección de datos personales, y que muchas empresas, sobre todo las de base europea, nos vean como una opción para establecer operaciones en segmentos con un componente importante de datos personales, cuya transferencia hoy día está celosamente regulada en la Unión Europea por el Reglamento General de Protección de Datos Personales.

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