Detalles y drama eran parte de la adhesión de Costa Rica a la OCDE: Alex Mora, negociador jefe 2014-2018
Redacción La República [email protected] | Viernes 28 agosto, 2020 07:35 a. m.
Alexander Mora
Ex-Ministro
Comercio Exterior
Costa Rica en poco meses será integrante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, lo que – espero – ayudaría en la transformación en un país que impulsa la inversión productiva, en el contexto no solo de hacer dinero sino también de ofrecer la subsistencia garantizada en una sociedad de oportunidad, en la que cada persona puede ser lo que quiera.
En este contexto, será productivo ser miembro de un programa que toma decisiones basadas no en la ideología ni el partidismo sino en los datos y la investigación.
Por cierto, el proceso que tuve el honor de dirigir en los años 2014-2018 fue fascinante, empezando con las características del periodo en el cual hicimos el proceso de adhesión.
A Costa Rica nos tocó comprobar la capacidad de cumplir los criterios técnicos puestos por 22 comités de la OCDE, en las áreas que incluyen educación, comercio, impuestos, competitividad y mucho más, sobre todo con el propósito de fortalecer la competencia para el beneficio del consumidor.
Lo que era distinto a la guerra fría, cuando era importante ampliar la OCDE para fortalecer la colaboración de los países occidentales ante las pretensiones globales del comunismo, y de los años después de la Segunda Guerra Mundial, cuando era esencial apoyar a varios países europeos económicamente golpeados.
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Ante los retos técnicos para satisfacer las condiciones de competitividad, uno de los problemas que enfrentamos era la imposibilidad de hacer los cambios necesarios en tan solo unos años.
Así que encontramos una solución– no necesariamente acabar con la existencia de los monopolios y oligopolios en distintos sectores, sino informar acerca de las prácticas anti competitivas al público soberano, para que ejerza su poder mediante las decisiones democráticas.
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Como parte del proceso, aplicamos las normas de la misma OCDE para contabilizar el costo de los monopolios y subsidios, también se obtuvo la aprobación de la Asamblea para crear el Registro de Accionistas, para no caer en el listado gris de la misma OCDE.
El tiempo de la negociación fue delicado también por otras razones.
Por un lado, tuvimos que convencer a Australia, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Japón sobre los beneficios de contar con los valores costarricenses, ya que ellos estaban preocupados de que la OCDE fortalecía los temas latinoamericanos a costo de los asiáticos.
Mientras es posible que el proceso de adhesión habría sido vetado por México, si Costa Rica hubiera prohibido importar el aguacate mexicano un mes antes.
Eso sucedió en julio de 2015, mientras la OCDE en junio aprobó la invitación formal a Costa Rica para iniciar la fase final.
Eso aparte de la preocupación de Israel por el traslado en 2006 de la embajada costarricense de Jerusalén a Tel Aviv, y de Turquía por no haber abierto una embajada en Ankara.
El veto de un solo país miembro de la organización descarrila a cualquier postulante.
Mientras a nivel interno pasamos por un proceso complicado, ya que el entonces Presidente Luis Guillermo Solís insistió que Comex debe aprovechar la colaboración de los ministros, viceministros y otros expertos de unas 20 organizaciones nacionales, varios de ellos con poco ánimo, para no concentrar la labor en una sola institución
Ante todos esos retos, aprendimos mucho.
Cuando las sociedades humanas enfrentamos dificultades, dados los niveles de dependencia que nos definen como especie, tenemos que trabajar y cooperar.
Tener como compañeros de camino a un grupo de países como los que integran la OCDE y disponer de los mecanismos de cooperación para el desarrollo que esta nos ofrece, es un privilegio que Costa Rica debe aprovechar.
CRONOLOGÍA
El proceso de Costa Rica de integrarse como el país miembro 38 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos se finalizará en los próximos meses, tras la aprobación de la Asamblea Legislativa de un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo.
