El periódico LA REPUBLICA dio a conocer que Costa Rica se ubica en el lugar 59 de 192 países en un estudio de las Naciones Unidas sobre Gobernabilidad Electrónica. En el desarrollo de las páginas electrónicas de instituciones públicas, el país ocupa el décimo lugar en América Latina y el primero en Centroamérica.
Esa información podría alegrar a los costarricenses, sin embargo, debemos reconocer que estamos muy lejos del ideal. Según un estudio del año 2006 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Universidad de Costa Rica, de 150 servicios o trámites “en línea” ofrecidos por 24 instituciones públicas analizadas, la mayoría está en etapas iniciales; un 40% corresponde a sitios estáticos con información institucional, solo el 7% de las páginas permite hacer consultas o algún tipo de trámite, el 22% de los sitios electrónicos carece de bases de datos y un 39% que sí las tienen son inadecuadas.
Esos datos, junto con los que dio a conocer el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP) de la Universidad de Costa Rica, plantea retos urgentes ya que los ciudadanos quieren: la automatización de los trámites de pensiones, poder gestionar las citas medicas en la Caja Costarricense de Seguro Social, matrícula de los niños en las escuelas y colegios, denuncias, solicitudes, información exacta sobre los requisitos de los trámites, creación de empresas y registro de productos, entre muchos otros aspectos.
Debemos reconocer la preocupación del actual gobierno; la iniciativa legislativa para la aprobación del proyecto de Ley 16198 que está en estudio en una comisión y las reiteradas resoluciones de la Sala Constitucional para que todas las instituciones sean “verdaderas casas de cristal en cuyo interior puedan escrutar y fiscalizar, a plena luz del día, todos los administrados. Las administraciones públicas deben crear y propiciar canales permanentes y fluidos de comunicación e intercambio de información con los administrados”.
Costa Rica ha sido un ejemplo para el continente, sin embargo, nos hemos quedado estancados en algunos aspectos. Por ejemplo, Chile acaba de promulgar la Ley sobre Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de los Organos de la Administración del Estado, que obliga a través de sus sitios Web, a tener información actualizada respecto de materias como estructura, personal, remuneraciones que reciben sus empleados, contratos firmados con otras instituciones, transferencias de fondos efectuadas y resultados de las auditorías practicadas en su interior.
Requerimos un nuevo impulso, una modernización del aparato estatal: una profunda reforma administrativa, la creación de bases de datos accesibles y construcción de una infraestructura informática —que permita el acceso libre y sin costo para los ciudadanos— promover una cultura democrática de participación y consulta, debidamente organizada, con reglas y responsabilidades claras e impulsar procesos de capacitación y formación desde las escuelas primarias.
El cambio de sistemas y procesos, con la ayuda de las nuevas tecnologías, es un avance que permitirá construir canales abiertos y amigables para todos los ciudadanos. El efecto directo es una mayor transparencia en la gestión de los gobiernos, que evitaría o dificultaría todo acto de corrupción y la pérdida de fe en la democracia y sus instituciones.
