Defendiendo a los consumidores

Algunos diputados han promovido la idea de ponerle un tope a las tasas de interés, esto en búsqueda de “proteger a los consumidores”. A primera vista no presenta más inconvenientes, pero a la hora de realizar el análisis económico y de revisar la experiencia a lo largo de América Latina, luchar en contra el sobreendeudamiento mediante este mecanismo sin afectar una serie de variables macroeconómicas, es un sueño de opio.

Según un estudio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), a julio del 2018 se registró un saldo total de deuda en tarjetas de crédito de ₡1.303.776 de millones, esto tras un aumento de este saldo de ₡166 mil millones (14,6%), con respecto a julio del año anterior, lo que representa cerca de 3,76% del Producto Interno Bruto (PIB).

Ante estos escenarios, he presentado junto a otros compañeros diputados el proyecto de ley 21.213 “Ley para la Defensa del Consumidor de Productos y Servicios Financieros”, en el que buscamos regular el mercado financiero evitando el sobreendeudamiento de la población, así como las malas prácticas realizadas por muchas entidades financieras presente en los mercados.

Mediante este proyecto “ponemos el punto sobre la i” en el mercado financiero, dictando los derechos que poseen los consumidores financieros como lo es recibir una información veraz, oportuna y verificable, sobre los productos ofrecidos por parte de las entidades financieras, de la misma manera, se establecieron una serie de obligaciones que estas entidades deben cumplir, entre las que se encuentran el abstenerse de hacer cobros no pactados, permitir al consumidor una consulta gratuita, brindar la información suficiente al consumidor financiero y evitar el acoso a los deudores. Conjuntamente, se dictan sanciones en caso de que las entidades incumplan alguna de las obligaciones establecidas en el proyecto de ley.

El principal mecanismo de control que se propone en este proyecto de Ley es que toda entidad que otorgue prestamos, independientemente del ámbito en el que se desenvuelva, estará obligada a reportarlos al Centro de Control Crediticio, de la SUGEF, y de esta forma poder llevar un control eficiente y veraz del endeudamiento real de los costarricenses, así no podrán adquirir más créditos de los que puedan pagar. Las empresas que, conociendo la situación crediticia de sus clientes y aun así, otorguen prestamos de manera irresponsable recibirán una serie de sanciones que pueden llegar a representar hasta 100 salarios base, según la gravedad de la infracción realizada por la entidad.

La razón de este proyecto es la búsqueda de regular el mercado financiero sin utilizar métodos retrógrados como los topes en las tasas de interés, ejerciendo una fiscalización eficiente por parte de los órganos correspondientes (SUGEF y CONASIF) ante las entidades crediticias a lo largo del país. Por otro lado, dado el problema de sobreendeudamiento existe la necesidad de promover campañas de educación financiera y sus riesgos para resolver este problema existente en el país.