¿Debemos regular el mercado de placas y patentes?

¿Debemos regular el mercado de placas y patentes?

En alguna campaña presidencial reciente, uno de los partidos políticos utilizó una frase que siempre me ha parecido insigne: “Donde hay permiso, hay chorizo”.
De esta manera, con una clara y tajante frase, se abogaba por eliminar la injerencia estatal en ciertos mercados en los que no se justifica. Dos ejemplos: placas de taxi y patentes de licor.
Las placas de taxi son otorgadas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Desde hace varios años hemos sido testigos de una guerra entre las empresas de taxis oficiales y los taxistas informales, que en los últimos años se han denominado “porteadores” con base en la figura regulada en el artículo 323 del Código de Comercio.
Así, el citado ministerio otorga un número limitado de derechos de explotación, con el fin de que los beneficiarios puedan prestar servicios de transporte remunerado de personas en modalidad de taxi. Y lo hace mediante un concurso público.
¿Por qué hacerlo de esta forma? Por un lado, se trata de un servicio público que tiene que ser regulado, pero por otro podría hacerse de forma menos intrusiva en el mercado, donde el ministerio establezca una serie de requisitos lógicos para todos aquellos que deseen brindar servicios de taxi.
Por ejemplo, los choferes deberían contar con una licencia especial, con ciertos años de experiencia y no haber sido multados por conducción temeraria.
Además, los vehículos deberían tener un seguro especial, ciertas condiciones de diseño (color, comodidad mínima) y someterse a revisiones técnicas más estrictas y seguidas.
Eso sí, todos los que cumplan con esos requisitos podrán tener su permiso para transportar personas bajo la modalidad de taxi. De esta forma, el Estado cumple con su papel de regular el servicio mediante la verificación de los requisitos para el otorgamiento de un permiso de operación, pero permite que los taxistas y sus vehículos operen bajo reglas de mercado, en régimen de sana competencia, sin intromisiones ni limitaciones en el número de operadores. Quien quiera ser taxista, puede serlo. Basta con que cumpla con los requisitos.
Bajo el mismo esquema de control estatal funcionan actualmente las patentes de licor, ya que las municipalidades las otorgan con base en la población del cantón.
Este sistema parte de la equivocada premisa de que entre más establecimientos expendan licor, aumentará el alcoholismo.
Al igual que como podría hacerse con las placas para taxi, las municipalidades deberían verificar que el establecimiento que quiera vender licor cumpla con una serie de requisitos de ubicación, horario y limitación de acceso a menores de edad.
Además el otorgamiento de permisos para expender licores podría ser una fuente importante de recursos municipales, cosa que hoy día está en manos de personas que no las usan y las alquilan a empresarios que sí quieren trabajar.
¿Por qué es que las municipalidades no han promovido agresivamente una reforma de la ley en este sentido? ¿No les interesa contar con esos recursos?
Pareciera que ya deberíamos haber entendido que la competencia es sana y que beneficia al consumidor. Los bancos del Estado y, recientemente el ICE y el INS, son ejemplos de esto (si no lo creen, vean la campaña del ICE “tomando acciones”).
Dejemos que sea el mercado el que decida quiénes son los mejores taxistas o comercios. Ese no es rol del Estado.
El control excesivo solo logra manipular el mercado y enriquecer a las personas equivocadas.

David Gutiérrez
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