De nosotros, gobierno y ciudadanos, depende cuan tenebroso sea el futuro, y me preocupa

Miguel Angel Rodríguez [email protected] | Lunes 20 abril, 2020

A pesar de lo desagradable de dar malas noticias no he cesado en advertir que después de la emergencia de salud, la situación económica que deberemos afrontar será muy seria.

Por si alguien no se ha dado cuenta, el COVID-19 nos ha empobrecido, y nos empobrecen adicionalmente las medidas necesarias para descubrir a los pacientes, curarlos y evitar muertes, y para evitar un colapso de nuestro eficiente servicio de salud que ha contado con tan generosos profesionales. Ello significa que la segunda acción más urgente y justificada es apoyar en la medida de lo posible y por un tiempo limitado a las familias que, por el empobrecimiento, más riesgo corren de no poder suplirse de los bienes esenciales.

Pero esas dos acciones prioritarias no se pueden realizar sin analizar el impacto que las medidas que hoy se adoptan tendrán dentro de unos meses (¿2 o 18?), cuando ceda la intensidad de la pandemia.

La atención de los aspectos de salud ha clausurado la industria turística, ha cerrado comercios, restaurantes, espectáculos, deportes. Ha disminuido el transporte, el comercio, la construcción. Las inversiones privadas ante la incertidumbre se posponen. Las exportaciones disminuyen ante la caída en la demanda. El desempleo se agiganta. Todo ello disminuye el volumen de nuestra producción.

El gasto público aumenta (debiera ser el mínimo posible por restricción de otros egresos) y los ingresos fiscales disminuyen por la caída en la producción y el consumo, y por medidas en favor de consumidores y empresas que adopta el gobierno. Se debe en consecuencia financiar un faltante mayor.

Aumenta la deuda y disminuye el PIB. El riesgo país aumenta.

La cartera bancaria se deteriora. La liquidez disminuye. El precio de nuestros bonos cae en los mercados internacionales y se vuelve mucho más caro financiarnos en ellos.

Ante ese panorama muchos señalamos la necesidad de adelantarnos a presentar nuestras solicitudes ante las instituciones financieras internacionales, el FMI, el Banco Mundial, el BID, CAF y BCIE. Tenemos dos desventajas. Somos un país pequeño en tamaño, población y economía, y por ende no ponemos en riesgo el sistema financiero internacional. Cuando sea la hora del crujir de dientes se les dará prioridad a los países cuyas dificultades financieras impliquen un significativo riesgo sistémico. Somos un país de ingresos medios. Ante el empobrecimiento, justificadamente y al igual que nosotros debemos hacerlo al interior de nuestro país, se toman medidas en favor de los países más pobres. Por eso la necesidad de adelantar nuestras negociaciones.

Contamos con la ventaja de un Ministro de Hacienda bien posicionado en el Banco Mundial y un Presidente del BCCR igualmente bien respetado en el FMI. Han actuado con celeridad y ya el país tiene créditos aprobados y otros en proceso ante las instituciones financieras internacionales para uso inmediato. Eso está muy bien.

Pero me preocupa que gastemos ahora todos los cartuchos y nos quedemos sin como defendernos dentro de unos meses cuando el coronavirus ceda y la recesión económica sea la que arrecie.

Esta preocupación surge por la presentación de múltiples iniciativas de gastos, de posposición de pago de impuestos y de atención de créditos y obligaciones contractuales privadas, y de incremento de liquidez. No dudo de la buena intención de los proponentes del Poder Ejecutivo, de la Asamblea Legislativa, del BCCR, de gremios y de personas privadas que pretenden aliviar las condiciones económicas y sociales que el empobrecimiento nos ha traído. Pero los recursos que siempre son limitados lo son aún más cuando un país se empobrece. Ciertamente no cabe discusión de la necesidad de priorizar el gasto en la atención de la salud en esta pandemia, y de atender las necesidades básicas de las familias más pobres. Priorizar el gasto significa que el aumento neto del gasto sea lo más pequeño posible porque se compensa los rubros que crecen, con otros que disminuyen. No solo con mayores impuestos y créditos. Aún en ese campo hay límites que no se pueden traspasar...si los sistemas financiero y fiscal entran en crisis podría llegarse al extremo de que ni la salud se pueda atender adecuadamente.

La ignorancia sobre el COVID-19 y los efectos económicos que finalmente producirá es una de las mayores limitantes que sufrimos para enfrentar la situación de salud, social, productiva y de ingresos que vivimos. Por ello he expresado que no es de recibo exigir al gobierno un plan completo de las medidas que se tomarán frente a la crisis. Pero sí debemos todos tener muy claras las prioridades, los niveles del gasto y los compromisos hacia el futuro que las medidas acumuladas están causando para poder evaluar las restricciones y limitantes que implican frente a la grave situación que enfrentaremos a fin de este año y en los dos siguientes. En ese cercano futuro enfrentaremos menor producción, un mayor endeudamiento del gobierno, más alto riesgo país y consiguientemente mayor costo para financiarnos en el exterior y un sistema financiero menos sólido. Y no se si será mi ignorancia personal, pero yo no veo que esa información exista y por eso me preocupa que estemos comprometiendo peligrosamente nuestro futuro. Si por mitigar más allá de lo posible el empobrecimiento actual causamos un costo excesivo sobre el futuro inmediato, el costo social sería mucho más duro, tenebroso y prolongado.

Por eso me asusta el BCCR acordando desde ya comprar títulos de gobierno en el mercado secundario por 250.000 millones de colones, que se estén discutiendo en estas circunstancias una moratoria general y una limitación de tasas de interés con enorme costo para el sector financiero de cuya fortaleza dependeremos en pocos meses, y se pueda estar pensando en gastar ya $500 millones adicionales del FMI y según entiendo un préstamo adicional del BID. Ciertamente se me puede contestar que la disposición de esos recursos y el aumento del gasto depende de los presupuestos que sean aprobados. Y que hasta ahora el presupuesto en trámite lo que aumentaría el gasto neto sin financiamiento corriente es de solo un 0,4% del PIB. Por una parte, eso no incluye el aumento del gasto de la CCSS que deberemos pagar para no poner en peligro la atención futura de la salud y la seguridad social. Por otra parte, ante el empobrecimiento que sufrimos ¿podría la Asamblea Legislativa no aprobar el uso de recursos de crédito con los que se cuente? Además, el impacto mayor en el crecimiento del déficit vendrá vía la disminución de los ingresos tributarios.

La experiencia en países que antes que nosotros entraron en la epidemia como China, Singapur y Corea del Sur al reabrir sus aparatos productivos después de controlar los casos diarios de contagiados, es que se produce una segunda oleada de contagios y nos indica que probablemente se deberá esperar sucesivos rebrotes mientras no se masifique una nueva vacuna o no se produzca inmunidad de rebaño por la generalización de los contagios. Tal vez la salida de la recesión no será ni en V (una rápida recuperación), ni en U (una recuperación lenta), ni en L (no recuperación, una nueva normalidad más pobre) sino WW (una serie de aperturas y aislamientos con aumentos y disminuciones de la producción).

¿Si gastamos todos los posibles recursos en esta primera oleada como vamos a atender, en posibles nuevas rachas epidémicas, los gastos de salud y a brindar apoyo básico a las familias más necesitadas? ¿Y cómo vamos a financiar la recuperación de la recesión?

De nosotros, gobierno y ciudadanos, depende cuan tenebroso sea el futuro, y me preocupa

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