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Control de precios en educación privada

Silvia Castro [email protected] | Lunes 13 junio, 2016

Hay una falla en el mercado educativo universitario que el Estado sigue sin resolver: la asimetría de información

Control de precios en educación privada

¿Sabían que la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad, el 26 de abril del año en curso, un dictamen sobre la reforma a la Ley de Conesup, que incluye el control de tarifas, por parte del Estado, en las universidades privadas? Dos semanas antes, el Conesup ya había enviado una circular a las universidades exigiendo que adjuntaran, a la solicitud de aumentos, los estados de origen y aplicación de fondos, estados de cuenta y oficios de referencia. En otras palabras, el Estado pretende coadministrar las universidades privadas, permitiéndoles a los funcionarios del Conesup decidir si autorizan los ajustes de precios, con base en su opinión sobre la razonabilidad de las inversiones realizadas y utilidades esperadas.
Es una política que busca conseguir la aceptación de los votantes sin importar las consecuencias que tenga para el país. Sin duda, a todos nos suena bonito que pudiera existir educación barata y de calidad. Además, nadie tendría que exigirle al sistema público que amplíe sus cupos. Por estas dos razones, nuestros gobernantes proponen violar la libertad de comercio y empresa de los centros educativos privados, y rechazar los principios económicos más básicos y las lecciones aprendidas en otras latitudes, sustentando sus medidas intervencionistas del sector privado en dos supuestos erróneos: que existen fallas en el mercado y que el control de tarifas beneficiaría a los estudiantes y sus familias.
¿Cuál es la falla en el mercado que amerita la intervención del Estado en relación con las tarifas, si el costo de la educación de las universidades privadas es asequible, cuando se compara con las tarifas de la educación privada en primaria y secundaria; con las tarifas de la educación superior privada en otros países de renta similar; con los costos de la educación superior estatal costarricense; o con los tiempos de recuperación de la inversión de los estudiantes (de menos de tres años), a la luz del incremento salarial que recibirían una vez graduados?
Sin embargo, sí hay una falla en el mercado educativo universitario que el Estado sigue sin resolver: la asimetría de información. Si el Conesup se hubiera preocupado por que los alumnos contaran con la información necesaria sobre las universidades —sus planes de estudios, programas, tarifas, y la calidad del servicio que ofrecen— los estudiantes estarían tomando decisiones informadas. Pero el Conesup no hace nada de eso y nadie se lo exige.
El control de tarifas no beneficia a los consumidores y atenta contra la democratización de la educación. Si el Estado obliga a todas las universidades privadas a cumplir con una norma de calidad, que ella misma define y evalúa, pero además tiene la potestad de imposibilitar que las universidades cobren lo que requieren para cumplir con esa norma de calidad, estaría legalmente autorizado a cerrar universidades, empezando por las que cobran menos y las que están ubicadas en zonas rurales, y que atienden a los alumnos de menores ingresos.

Silvia Castro
Rectora de Ulacit

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