Contraloría responde a los diputados por tercera vez que el Proyecto de Alfabetización Digital no es necesario
Johnny Castro [email protected] | Martes 05 octubre, 2021 10:15 a. m.
La Contraloría respondió a los diputados por tercera vez consecutiva que el Proyecto de Alfabetización Digital que impulsa el Gobierno de Carlos Alvarado y la diputada liberacionista Yorleny León, no es necesario.
En este ocasión lo hizo mediante un oficio fechado hoy y dirigido a Flor Sánchez, Jefe de Área de Comisiones Legislativas VI, con respecto al texto sustitutivo que busca reemplazar al proyecto anterior, pero que mantiene el fin principal de trasladar un monto no determinado del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) a los ministerios de Educación Pública y de Ciencia y Tecnología, para reducir la brecha digital.
Entre las conclusiones de los expertos de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría el proyecto de ley en su texto sustitutivo, continúa generando una estructura operativa más compleja, que se inserta en la ya existente, situación que es necesario valorar pues se puede estar atendiendo un problema generando otro con implicaciones técnicas y financieras.
“La alfabetización digital es un objetivo relevante y posible a partir del ordenamiento vigente; no obstante, el tratamiento propuesto en el proyecto de reforma legal es difuso, ya que no se tiene claridad sobre los costos a financiar mediante el Fonatel, además de restrictivo, puesto que el enfoque principal radica exclusivamente en el sector educativo, dejando de lado el desarrollo y alcance de los beneficios de la alfabetización digital en sectores como salud, seguridad ciudadana, educación, cultura, comercio y gobierno electrónico que también son prioritarios para la concreción de los objetivos fijados en la propia Ley General de Telecomunicaciones”, indica el escrito.
De igual forma, sostiene que el sistema legal vigente permite que las metas y objetivos propuestos puedan ser incluidos en este momento en el Plan Nacional de las Telecomunicaciones y a partir de su priorización en la política pública efectuar los programas y proyectos adecuados a dicho fin, permitiendo que los beneficiarios reciban los servicios planteados, sin necesidad de cambiar el actual ordenamiento jurídico.
