¿Cómo se reparten los fondos públicos?
Claudia Barrionuevo [email protected] | Lunes 28 abril, 2008
Claudia Barrionuevo
Para participar en el Programa Nacional para el Desarrollo de las Artes Escénicas (Proartes) —excelente iniciativa del Ministerio de Cultura y Juventud— es necesario cumplir una serie de requisitos. Es lógico: se trata de fondos estatales y no pueden repartirse ¢250 millones así como así. Quienes aspiran a recibir dos o tres millones de colones para desarrollar un proyecto artístico deben organizarse legalmente, aportar una serie de documentos y elaborar un escrito que justifique la iniciativa. Solo presentando todo lo solicitado los participantes pueden ser tomados en cuenta por la Comisión Evaluadora que decide quienes serán los beneficiarios.Uno supone entonces que para recibir ¢2 mil millones de fondos públicos los requisitos serán aún mayores. Y para repartir ¢11 mil millones, los encargados de tal hazaña deberán estudiar seriamente cada uno de los proyectos que serán beneficiados.
La semana pasada el Consejo Nacional de Producción aprobó en una sola sesión 21 proyectos que aspiraban a obtener fondos del Programa de Reconversión Productiva. Este dinero debía pasar al Sistema de Banca de Desarrollo cuya ley de creación fue firmada por el presidente Arias al día siguiente.
El proyecto al que se le concedió el monto más alto es el de una cooperativa cuya presidenta es miembro de la junta directiva del CNP.
Aunque los jerarcas del Ministerio de Agricultura y Ganadería afirman que los proyectos tenían más de dos años de haber sido presentados y cumplían con todos los requisitos, esto último ha sido puesto en duda por algunos diputados.
El Gobierno suspendió temporalmente la ejecución de los beneficios y exigió al CNP un informe que justifique la asignación de los fondos.
Hasta aquí los hechos. Como ciudadana común solo tengo preguntas al respecto. Lamento no ofrecer respuestas a los lectores pero no me corresponde a mí darlas sino exigirlas. Y ahí van mis cuestionamientos.
¿Cumplían los proyectos todos los requisitos necesarios para ser aprobados?
¿La Banca de Desarrollo le quita potestades al CNP como ente beneficiador de proyectos? Si así fuera, ¿esta adjudicación de financiamientos se trata acaso de un acto de desagravio de parte del CNP por la creación de la Banca de Desarrollo?
¿Se puede —o en todo caso se debe— ser juez y parte? ¿Presentar un proyecto y aprobarlo?
¿Pueden los beneficiarios optar por los mismos montos —obtenidos y congelados— ante la Banca de Desarrollo?
¿Tiene el TLC algo que ver en todos estos movimientos?
¿No debería la Contraloría General de la República intervenir en la toma de estas decisiones?
¿Se trata —como afirman algunos diputados— de un botín político? ¿De quiénes para quiénes?
¿Alguien puede responder a mis preguntas? Lo agradecería. Mi dirección de correo electrónico está abajo. Tal vez alguien pueda ayudarme a resolver tantas incógnitas.
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