Comentarios al Proyecto de Ley aprobado por la Asamblea para que Costa Rica salga de la Lista Gris de la UE

Adolfo Sanabria Mercado

Asociado Senior

Consortium Legal

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Recientemente la Asamblea Legislativa ha aprobado el texto que contiene un Proyecto de Ley que modificaría nuestra Ley del Impuesto sobre la Renta, y cuya principal finalidad es lograr que la Unión Europea (UE) saque a Costa Rica de la Lista de Países no Cooperantes (lista gris de paraísos fiscales).

Es importante precisar que, desde el punto de vista político, hoy en día, aparentemente no habría un consenso entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para determinar la vía idónea de solución de este inconveniente internacional con la UE, pues el Ejecutivo pretende una reforma que alcance a todos los residentes costarricenses, en cambio, el Proyecto aprobado por la Asamblea únicamente serviría para que la UE nos excluya de su lista gris al atacar concretamente su preocupación y, en todo caso, para que otras jurisdicciones no nos consideren paraísos fiscales en el futuro.

Me explico, el problema con la UE inicia por la opción tomada por la Ley costarricense respecto al alcance de nuestro impuesto sobre la renta. Para ellos, nuestro sistema de imposición basado en el principio de territorialidad puede llegar a ser utilizado por contribuyentes de la UE para implementar planificaciones fiscales agresivas que afecten la recaudación en la UE.

En ese contexto, específicamente, la presión de la UE hacia Costa Rica es para que nuestro país tome medidas legislativas para evitar que sus contribuyentes (residentes de la UE) abusen de nuestro sistema de imposición sobre la Renta en detrimento de su recaudación, por ejemplo, creando entidades ticas sin sustancia económica real que solo se dediquen a generar rentas pasivas extraterritoriales.

En palabras sencillas, la exclusión de la lista gris depende única y exclusivamente de que modifiquemos nuestra Ley para que sus contribuyentes no vean a Costa Rica como un lugar que potencialmente permita ese tipo de planificaciones, ellos no pretenden que modifiquemos nuestro sistema territorial por completo.

Así, en el texto recientemente aprobado, los legisladores han atacado concretamente esa posibilidad y han ratificado para todos los demás casos el sistema territorial de nuestro impuesto sobre la renta, aunque, para ser más exactos, lo han reforzado aún más, pues dejan establecido con mayor claridad que esa es la opción que hemos tomado como país (territorialidad pura).

Ciertamente, aunque el texto es un poco complejo, lo que quiere transmitir es que las rentas pasivas generadas en el extranjero por cierto tipo de contribuyentes domiciliados en Costa Rica también estarán afectas a nuestro impuesto. Entre otros requisitos, esos contribuyentes tendrían que ser parte de un grupo transnacional, por ejemplo, donde su matriz sea una entidad europea.

En cambio, el poder ejecutivo había propuesto un plan más radical en el que ciertas rentas pasivas generadas en el extranjero estén gravadas para todos los residentes domiciliados fiscalmente en Costa Rica, la diferencia es evidente.

Desde mi perspectiva, el texto aprobado cumpliría con el propósito principal de su creación, es decir, excluir a nuestro país de la lista gris de la UE, y ratifica la decisión política de nuestros legisladores de mantener nuestro sistema de imposición sobre la renta basado en el principio de territorialidad puro.