Castas costarricenses: Salarios del sector público, y los del privado
Oscar Rodriguez [email protected] | Lunes 12 diciembre, 2011
Empleados del Estado ganan el doble que los privados
Castas costarricenses:
Salarios del sector público, y los del privado
Gobierno quiere más impuestos, pero rehúsa recortar costos
En Costa Rica hay dos castas paralelas, en lo que a salarios se refiere.
Por un lado, está el mundo del sector privado, que representa dos tercios de la fuerza laboral.
Por el otro, la de los empleados del sector público, que trabajan para el resto de la comunidad.
Sin embargo, esos trabajadores en general ganan el doble que los privados, por realizar funciones similares, por una serie de beneficios y privilegios exclusivos.
En los últimos años, ha sido difícil justificar el hecho de que solo un grupo goce de una vasta serie de beneficios y privilegios exclusivos.
Es peor aún con la situación actual, en la cual el Gobierno está exigiendo un fuerte aumento en los impuestos pagados por el sector privado, en tanto que no propone ninguna medida seria para reducir el costo del Estado, cuya mayor parte está conformada por los salarios.
En lo que a privilegios se refiere, el más básico es el hecho de que para efectos prácticos, el empleado público cuenta con el trabajo de por vida.
Ya sea el caso de un empleado del Gobierno o de una empresa pública, la única forma de que se despida a un burócrata es cuando comete una falta grave.
Aun así, el trabajador puede apelar la decisión, en un proceso largo, durante el cual siempre recibe el salario.
Bajo este esquema, es casi imposible despedir un empleado con bajo desempeño.
Otro derecho de una parte del sector público es permitir una cesantía de 20 años, cuando un empleado se pensiona, mientras que los trabajadores privados tienen un tope de ocho años.
También hay montos que se pagan sobre el salario base del empleado público, que oscilan entre un 10% y un 30% por obtener un título universitario, aunque sea en un área no relacionada con el puesto.
En cuanto al pago de la anualidad un complemento al sueldo que oscila entre un 2% y un 5% no hay un control adecuado.
“La anualidad buscaba premiar a los empleados eficientes, pero el 99% lo recibe”, dijo Francisco Chang, director de Salarios e Incentivos del Servicio Civil.
Por cierto, los incrementos en los salarios mínimos estatales no han subido más que los del sector privado; no obstante, en el Estado los aumentos también se aplican a los beneficios.
A estos privilegios hay que agregar las vacaciones extras, así como un pago adicional para la persona que trabaja en un lugar lejos de donde vive, entre otros.
Como resultado de eso, el peso actual de los sueldos del Estado es de $7,9 mil millones, monto que ha crecido en un 40% en los últimos dos años.
De esta cantidad de dinero casi la mitad está conformada por incentivos salariales, cuya supervisión es casi nula.
La situación es peor aún en los entes autónomos, como el ICE, Japdeva, universidades públicas, Caja, y bancos estatales, que ofrecen no menos de 103 diferentes beneficios, en muchos casos negociados con sindicatos, sin primar principios de balances financieros.
El sistema salarial del Estado fue ideado a mitad del siglo XX, con el objeto de promover la atracción de profesionales y equiparar sus sueldos con los del mercado privado.
Sin embargo, las razones que lo justificaban hace tiempo dejaron de existir, mas el Estado bien ofrece un trato superior al que reciben los empleados privados.
Muchos de estos beneficios fueron declarados legales por la Sala IV, al haber sido negociados entre los trabajadores y el Estado.
No obstante, estos mismos privilegios pueden convertirse en los destructores del Gobierno porque ahora son desproporcionados.
Además, el pago cada vez mayor de salarios mina el fin principal del Estado que es brindar servicios públicos eficientes.
Para rectificar la inequidad, el Gobierno ha propuesto congelar la contratación, así como la aplicación en algunos casos del concepto del salario único.
Este mecanismo pretende reducir los pagos excesivos, como las anualidades.
Sin embargo, todas las propuestas solo se aplicarían a puestos futuros, de modo que tienen poco efecto en la crisis actual, para lo cual sería necesario reducir la planilla.
Algunos funcionarios aseguran que esto solo puede hacerse con efecto limitado.
“Si hacemos cambios para contener el alto costo, solo rigen para los empleados nuevos, los demás tienen derechos adquiridos”, explicó Fernando Herrero, ministro de Hacienda.
Sin embargo, los recortes en la planilla sí se pueden hacer, cuando el Estado enfrenta serios problemas financieros, o como parte de una reorganización de instituciones para mejorar su eficiencia, lo cual sucedería en el caso de la fusión de ministerios e instituciones con funciones duplicadas.
Para aplicar cualquiera de los dos casos, el Gobierno debe remitir la solicitud al Tribunal de Servicio Civil, que será el encargado de resolver si la solicitud planteada es procedente o no.
Con los despidos que procedan a través de este mecanismo, se les debe pagar a los trabajadores sus correspondientes prestaciones laborales, lo cual tendría un alto costo; no obstante, a largo plazo, el público ahorraría un monto significativo y el Estado sería más eficiente.
Oscar Rodríguez
[email protected]
Castas costarricenses:
Salarios del sector público, y los del privado
Gobierno quiere más impuestos, pero rehúsa recortar costos
En Costa Rica hay dos castas paralelas, en lo que a salarios se refiere.
Por un lado, está el mundo del sector privado, que representa dos tercios de la fuerza laboral.
Por el otro, la de los empleados del sector público, que trabajan para el resto de la comunidad.Sin embargo, esos trabajadores en general ganan el doble que los privados, por realizar funciones similares, por una serie de beneficios y privilegios exclusivos.
En los últimos años, ha sido difícil justificar el hecho de que solo un grupo goce de una vasta serie de beneficios y privilegios exclusivos.
Es peor aún con la situación actual, en la cual el Gobierno está exigiendo un fuerte aumento en los impuestos pagados por el sector privado, en tanto que no propone ninguna medida seria para reducir el costo del Estado, cuya mayor parte está conformada por los salarios.
En lo que a privilegios se refiere, el más básico es el hecho de que para efectos prácticos, el empleado público cuenta con el trabajo de por vida.
Ya sea el caso de un empleado del Gobierno o de una empresa pública, la única forma de que se despida a un burócrata es cuando comete una falta grave.
Aun así, el trabajador puede apelar la decisión, en un proceso largo, durante el cual siempre recibe el salario.
Bajo este esquema, es casi imposible despedir un empleado con bajo desempeño.
Otro derecho de una parte del sector público es permitir una cesantía de 20 años, cuando un empleado se pensiona, mientras que los trabajadores privados tienen un tope de ocho años.
También hay montos que se pagan sobre el salario base del empleado público, que oscilan entre un 10% y un 30% por obtener un título universitario, aunque sea en un área no relacionada con el puesto.
En cuanto al pago de la anualidad un complemento al sueldo que oscila entre un 2% y un 5% no hay un control adecuado.
“La anualidad buscaba premiar a los empleados eficientes, pero el 99% lo recibe”, dijo Francisco Chang, director de Salarios e Incentivos del Servicio Civil.
Por cierto, los incrementos en los salarios mínimos estatales no han subido más que los del sector privado; no obstante, en el Estado los aumentos también se aplican a los beneficios.
A estos privilegios hay que agregar las vacaciones extras, así como un pago adicional para la persona que trabaja en un lugar lejos de donde vive, entre otros.
Como resultado de eso, el peso actual de los sueldos del Estado es de $7,9 mil millones, monto que ha crecido en un 40% en los últimos dos años.
De esta cantidad de dinero casi la mitad está conformada por incentivos salariales, cuya supervisión es casi nula.La situación es peor aún en los entes autónomos, como el ICE, Japdeva, universidades públicas, Caja, y bancos estatales, que ofrecen no menos de 103 diferentes beneficios, en muchos casos negociados con sindicatos, sin primar principios de balances financieros.
El sistema salarial del Estado fue ideado a mitad del siglo XX, con el objeto de promover la atracción de profesionales y equiparar sus sueldos con los del mercado privado.
Sin embargo, las razones que lo justificaban hace tiempo dejaron de existir, mas el Estado bien ofrece un trato superior al que reciben los empleados privados.
Muchos de estos beneficios fueron declarados legales por la Sala IV, al haber sido negociados entre los trabajadores y el Estado.
No obstante, estos mismos privilegios pueden convertirse en los destructores del Gobierno porque ahora son desproporcionados.
Además, el pago cada vez mayor de salarios mina el fin principal del Estado que es brindar servicios públicos eficientes.
Para rectificar la inequidad, el Gobierno ha propuesto congelar la contratación, así como la aplicación en algunos casos del concepto del salario único.
Este mecanismo pretende reducir los pagos excesivos, como las anualidades.
Sin embargo, todas las propuestas solo se aplicarían a puestos futuros, de modo que tienen poco efecto en la crisis actual, para lo cual sería necesario reducir la planilla.
Algunos funcionarios aseguran que esto solo puede hacerse con efecto limitado.
“Si hacemos cambios para contener el alto costo, solo rigen para los empleados nuevos, los demás tienen derechos adquiridos”, explicó Fernando Herrero, ministro de Hacienda.
Sin embargo, los recortes en la planilla sí se pueden hacer, cuando el Estado enfrenta serios problemas financieros, o como parte de una reorganización de instituciones para mejorar su eficiencia, lo cual sucedería en el caso de la fusión de ministerios e instituciones con funciones duplicadas.
Para aplicar cualquiera de los dos casos, el Gobierno debe remitir la solicitud al Tribunal de Servicio Civil, que será el encargado de resolver si la solicitud planteada es procedente o no.
Con los despidos que procedan a través de este mecanismo, se les debe pagar a los trabajadores sus correspondientes prestaciones laborales, lo cual tendría un alto costo; no obstante, a largo plazo, el público ahorraría un monto significativo y el Estado sería más eficiente.
Oscar Rodríguez
[email protected]