Caso “Cochinilla” afecta construcción de obras viales y mantenimiento

El caso “Cochinilla” de supuesta corrupción en la construcción y adjudicación de obras públicas, terminó por suspender el mantenimiento de las carreteras y varios proyectos de infraestructura vial.

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Y es que la semana pasada la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), canceló los contratos adjudicados recientemente a las constructoras nacionales H. Solís y Meco.

Se trata de la ampliación de la radial Lindora, por un valor de $14 millones y de la reconstrucción del viejo puente sobre el río Virilla, a la altura del estadio Ricardo Saprissa, cuya inversión supera los $18 millones.

Aparte de ello, Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes, ordenó cancelar “por transparencia” 22 contratos de licitación para dar mantenimiento a las carreteras.

Lo peor de todo, es que la suspensión de las obras y el mantenimiento es por tiempo indefinido.

La cancelación de los contratos no implicará costos adicionales para el Estado costarricense, aseguró Alejandro Rossi, representante de UNOPS en Costa Rica.

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De momento, no se sabe cuándo el MOPT volverá a hacer un concurso público, para reanudar la construcción de infraestructura y dar mantenimiento a las vías.

“Conocidos los hechos que han afectado la transparencia, la legalidad y la ética en la ejecución de los contratos vigentes, he tomado la decisión de que los 22 contratos no serán ampliados en favor de las empresas actualmente adjudicadas, aunque ello suponga el sacrificio nacional de no contar por un período de tiempo con los servicios de mantenimiento vial.”, dijo Méndez a finales de junio.

En ese sentido, representantes del sector productivo lamentaron la situación y solicitaron al gobierno de Carlos Alvarado poner en marcha un plan de contingencia para que las carreteras reciban la inversión necesaria.

“El mantenimiento de la infraestructura vial no se puede suspender, lo que sí se puede hacer, es que si existen otras empresas, propiciamos que sean ellas las que construyan y den mantenimiento. Este gobierno debe garantizar a todos los costarricenses que las carreteras estarán en buen estado”, dijo Arturo Rosabal, vicepresidente de la Cámara de Comercio.

El caso “Cochinilla” es una supuesta red de sobornos que incluyó a empresas constructoras y fiscalizadoras, con el objetivo de ofrecer dádivas y sobornos a funcionarios del MOPT y el Conavi, a cambio de obtener jugosos contratos de licitación o agilizar procesos constructivos.

En principio las autoridades hablan de contratos por unos ¢78 mil millones; sin embargo, el monto podría ser aún mayor.

Si se comprueba en sentencia firme que las empresas señaladas sí pagaron sobornos a los funcionarios del Conavi, podrían ser inhabilitadas para construir infraestructura vial por un período que oscilaría entre tres y diez años.

La sanción para las empresas en sede administrativa, implicaría la inhabilitación para construir cualquier infraestructura vial para todo el Estado, según una reforma a la ley de contratación administrativa aprobada en 2019 y que fue impulsada por Karine Niño, diputada de Liberación.

“Se considerará como una falta grave del contratista, cuando una de sus acciones u omisiones pongan en peligro la vida o la seguridad de las personas, cuando los proyectos aumenten su costo por su culpa, o bien, cuando haya una condenatoria en firme en contra del contratista”, dijo Niño a LA REPÚBLICAC.