País se ahorraría poco más del 2% del PIB en salud, incapacidades y conflictos viales

Cámaras viales: 110 millone$ de razones

Accidentes disminuirían un 60% al año

Invertir $10 millones en revivir las cámaras de vigilancia en las carreteras nacionales permitiría reducir por año $110 millones que se destinan a internamientos, atención de accidentes viales, incapacidades y conflictos en las calles.

Además, al año disminuirían un 60% las muertes en carretera y un 80% los accidentes de tránsito con el sistema de cámaras.
Existe una propuesta trabajada desde hace cuatro años entre Racsa y la empresa brasileña Servicios de Gestión en Seguridad Vial que permitiría poner a operar las cámaras en menos de tres meses.
Por un lado, existe la posibilidad de que el proyecto no sea financieramente sostenible, ya que con las cámaras, las multas a los conductores podrían disminuir.
Sin embargo, la propuesta de Racsa y la firma brasileña establece que el programa de monitoreo sería exitoso.
“Nosotros estamos dispuestos a poner la inversión inicial que es de $10 millones y garantizamos la operación de las cámaras por cinco años, sea sostenible o no”, explicó Igor Roquim, gerente general de Servicios de Gestión en Seguridad.
Cuatro años de estudios y pruebas respaldan la sostenibilidad del proyecto a largo plazo y además, comprueban los buenos resultados en disminución de accidentes y muertes en las calles nacionales.
La oferta de Racsa y la firma brasileña será analizada en los próximos días por el Cosevi, aunque ya se han rechazado otros planes presentados por el consorcio.
“Una herramienta matemática empleada por el Gobierno permitió identificar que después de seis meses la cantidad de multas podría bajar de forma considerable con las cámaras lo que podría traerse abajo nuevamente la iniciativa”, comentó Silvia Bolaños, viceministra de Transportes.
Con la oferta del consorcio, se instalarían cerca de 450 cámaras en los puntos viales más importantes del país.
Desde hace cuatro años se ubican sistemas de control en diez lugares que operan como parte de un estudio hecho por Racsa y la empresa brasileña para respaldar la propuesta.
Justamente, ese análisis ha permitido identificar a conductores que sobrepasan los 200 kilómetros por hora en la General Cañas y en Zapote sobre la Circunvalación.
En promedio, se identificaron en un solo semestre 825 mil conductores que circularon con exceso de velocidad con tan solo 12 cámaras en operación.
Prevenir muertes, accidentes y lesiones en las carreteras, mejorar la seguridad vial y reducir las infracciones a la ley son los objetivos que se buscan con la implementación de las cámaras en las calles.
Se daría una reducción importante en el gasto social del país, que por año invierte cerca de $110 millones en atenciones de salud para accidentes, muertes en carreteras, incapacidades y otros rubros, eso representa el 2,4% del PIB.
Definir si se implementará el proyecto con la propuesta de Racsa y la firma brasileña, o si se dará por medio de una licitación pública abierta en la que participen otras empresas será la tarea del Cosevi en los próximos días.
Si arranca con la propuesta del consorcio costarricense-brasileño podría iniciar en menos de tres meses, empero si se opta por la licitación se postergaría el arranque por al menos ocho meses más.
Para poner en marcha el monitoreo de las rutas nacionales con cámaras se deben aclarar varios problemas.
En noviembre de 2013, un recurso de amparo obligó que se suspendieran las cámaras debido a que la multa se hacía a la placa y no al conductor lo que afectaba a los dueños de los carros.
También se deben establecer los mecanismos para notificar a los infractores por correo electrónico o por otros medios. El Cosevi desarrolla un departamento especializado en esa área.

Manuel Avendaño
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