Antes de la propuesta de Reforma Fiscal

Para el momento en que esta columna se publique ya habrá concluido el proceso de mesas redondas convocadas por el Ministerio de Hacienda en relación con el análisis de los asuntos fiscales de importancia para el país.
A pesar de lo anterior, no podemos asumir que los temas fiscales quedarán postergados hasta la presentación de un proyecto de reforma.
En la Asamblea Legislativa se encuentran otros proyectos que tienen relevancia tributaria, entre ellos, la reforma de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo. Este se encuentra dentro del orden del plenario legislativo para discusión y tiene importantes consecuencias para los contribuyentes.
Se propone la modificación del artículo 59 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que establece las tarifas del impuesto aplicables a los pagos al exterior. Se propone eliminar la exención que existe en el pago de intereses que realiza un deudor local a favor de Bancos y Entidades Financieras con domicilio fuera de este país, registrados ante el BCCR. Igualmente, se pretenden gravar los intereses a favor de proveedores del exterior por la importación de mercancías.
Nuestro país es un importador de capitales; bien sea se expresen como inversión o como deuda. El Estado mismo es deudor de acreedores del exterior. Por otra parte, está más allá de toda discusión la posición del país como importador de bienes.
El proyecto traería como consecuencia un aumento en el costo financiero que soporta el deudor local pues además de la carga financiera (intereses y otros gastos) tendría que asumir el impuesto aplicable. Como se sabe, es usual que en los contratos de financiamiento se establezca que el deudor debe asumir cualquier carga o impuesto que afecte el pago a favor del acreedor.
Incluso dejando de lado esto último y asumiendo que los Bancos acreedores asumirán el impuesto es totalmente previsible que ese costo se revierta en un incremento de las tasas de intereses.
Así mismo se presentaría un aumento del costo de las mercancías importadas por el gravamen sobre los intereses que se le pagan a los proveedores.
Es decir, el deudor local verá como los costos del financiamiento se incrementan. Es claro que esos costos permearán en última instancia hasta el consumidor final de bienes y servicios.
A nuestro criterio se hace necesario un estudio macroeconómico que permita determinar la forma en que este incremento de los costos financieros afectará a los distintos agentes económicos.
Finalmente, los impuestos que se recauden como consecuencia de la reforma tendrán un destino específico pues se propone su traslado al Fideicomiso Nacional para el Desarrollo. Es decir, la eliminación de esta exención no abona en la línea de la reforma fiscal que está promoviendo el Gobierno puesto que lo recaudado no estaría destinado a aliviar el déficit del Gobierno Central.
Apoyamos la iniciativa del Gobierno en términos de revisar las exenciones vigentes, sin embargo, la decisión de su eliminación o permanencia debe tomarse dentro del marco de reflexiones estratégicas que busquen el avance económico del país.

Randall Madriz
Abogado
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