Andrea Meza: “Hoy urge más que nunca prohibir la exploración de gas y petróleo”
Esteban Arrieta [email protected] | Lunes 09 agosto, 2021 01:58 p. m.
Prohibir la exploración de gas y petróleo es hoy más urgente que nunca, según Andrea Meza, ministra de Ambiente y Energía.
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La advertencia que dio a conocer hoy a nivel mundial el informe científico del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), destaca la importancia de tomar medidas inmediatas para lograr la preservación de las especies y de la propia humanidad.
En ese sentido, el gobierno está dispuesto a negociar el proyecto de ley que prohíbe la exploración de gas y petróleo, eliminando los artículos que entraban su aprobación y lograr que Costa Rica le diga “no” de una vez por todas a las energías contaminantes.
“El informe del IPCC confirma que la acción climática es hoy más urgente que nunca. La ciencia nos dice que las metas globales todavía están a nuestro alcance, pero tenemos que tomar acciones decisivas ya. El mundo necesita hacer un viraje decisivo y dejar los combustibles fósiles, como el petróleo y el gas natural, en el pasado”, dijo Meza.
Y es que el informe en cuestión detalla que muchos de los cambios observados en el clima no tienen precedentes en miles o cientos de miles de años, incluyendo el incremento de temperaturas, el aumento del nivel del mar y cambios en lluvias, además de inundaciones y sequías.
El informe es conclusivo en que estos cambios son producto de la acción humana, en particular al quemar combustibles fósiles como petróleo, carbón y gas natural.
“Este nuevo reporte confirma que nuestro país está en el camino correcto al querer prohibir la explotación de petróleo y gas natural. Pido respetuosamente a las y los diputados negociar las modificaciones necesarias con plazo para lograr la urgente aprobación del expediente 20.641 para poner a Costa Rica en el camino correcto”, dijo la ministra.
La ministra Meza señaló que un paso decisivo en la aprobación del proyecto de Ley es enviarlo de nuevo a Comisión con un plazo definido, idealmente de 30 días, para hacerle ajustes que lo hagan políticamente viable, al eliminar las nuevas facultades para Recope y que encarecerían los combustibles.
