Algunos temas calientes para la industria legal en 2019

Es cierto que nuestro país no ejerce un liderazgo global en los procesos de industrialización, desarrollo de nuevas tecnologías y automatización feroz como en otras latitudes cercanas. No obstante, sí nos vemos dramáticamente influenciados por las naciones que han asumido dichos roles y, adicionalmente, muchas de las organizaciones más influyentes del mundo (por ejemplo, Microsoft, Intel, Amazon, Google, Coca Cola, Uber, entre otras) tienen algún tipo de operación, relevancia o intercambio con Costa Rica. Por lo tanto, debemos ser previsores de las modificaciones más notables en los sectores de la industria y, simultáneamente, promover una regulación adecuada de cara al acelerado cambio que plantean los recursos tecnológicos y el intercambio global.

Diferentes abogados y expertos en tecnología alrededor del mundo, han asegurado que en 2019 continuarán a pasos agigantados los procesos de automatización, blockchain, inteligencia artificial (I.A.) y otras nuevas áreas de la tecnología, lo que está generando la aparición de nuevas prácticas en las firmas de abogados y la sofisticación de los departamentos legales de las empresas y organizaciones.

¿Cuáles son las áreas más calientes del Derecho y la tecnología para este año que se avecina?

Eventos globales significativos

Ninguna predicción para 2019 puede dejar de mencionar brexit. Fundamentalmente, porque es difícil prever el resultado de los acontecimientos en el corto plazo. Pero no se puede negar que esto dominará una gran cantidad de actividades en 2019, ya que las empresas de toda Europa —e incluso aquellas fuera del continente que interactúan comercialmente con el Reino Unido— intentarán navegar a través de este nuevo panorama.

Por otra parte, aunque China y Estados Unidos han asegurado que seguirán adelante con las negociaciones comerciales, los inversionistas estarán vigilando de cerca las relaciones entre las potencias para confirmar que ambas puedan resolver sus diferencias.

Dentro de este contexto, el enfoque de las firmas de abogados debe estar en el servicio a sus clientes y la capacidad de brindar seguridad jurídica en este mundo cambiante. Por lo tanto, la habilidad de adoptar nuevas ideas, tecnologías y herramientas para entender el presente global y evitar contingencias futuras será fundamental.

El uso y protección de la información personal (private data)

En 2019, el acceso al Big Data brindará una mejor comprensión de la carga de trabajo, la estacionalidad, el carácter cíclico, las métricas de respuesta, las demandas de los clientes, la composición del trabajo, las tendencias de consumo, entre muchas otras variables. El acceso a esta información provee una serie de posibilidades prácticamente infinitas para quienes la custodian.

No obstante, esta situación de alguna manera contrasta con el Reglamento General de Protección de Datos (conocida como GDPR, por sus siglas en inglés), adoptado recién el año pasado por la Unión Europea (U.E.). Justamente, el flujo global de los datos masivos y el procesamiento de los mismos, empujan a la globalización digital basada en la información y los datos. La U.E. ha otorgado a la protección de los datos de carácter personal el grado de derecho fundamental, con el objetivo de controlar adecuadamente los datos a las personas, desmarcándose así de los principios y derechos que permiten la intervención en la vida de las personas por el poder político.

Minería de datos, acceso a nuestras preferencias, política y negocios

En mi opinión, una de las áreas en las que debemos fijarnos con atención. Yuval Noah Harari, escritor y vigente estudioso de la humanidad, manifestó recientemente que algunas de las mentes más brillantes del mundo llevan años investigando sobre cómo piratear el cerebro humano para hacer que demos clic en determinados anuncios y así vendernos cosas. Hoy en día es posible utilizar ese método para vendernos políticos e ideologías.

De esta manera, hoy en día tenemos mineros de información que analizan señales externas, por ejemplo, los productos que compramos, los lugares que visitamos, las palabras que buscamos en Internet. Con esta información, los piratas o, dicho de forma elegante, los procesadores de datos pueden correlacionar nuestras aficiones, condición social, posibilidades económicas, preferencias de toda índole, ubicación geográfica, datos de consumo, profesión, entre muchos otros criterios y así hackear más fácilmente nuestro cerebro para ofrecernos y vendernos exactamente lo que creemos necesitar. Desde un producto hasta un político.

De esta manera, será muy sencillo para las agencias dedicadas a la minería de la información, encasillarnos, clasificarnos y ofrecernos como clientes (o, mejor dicho, perfiles) a empresas, partidos políticos, organizaciones y gobiernos.

Recordemos, por ejemplo, el escándalo de Cambridge Analytica el cual estalló meses atrás principalmente por el reporte de The New York Times, en el cual se determinó que dicha empresa trató de influir en los votantes de Estados Unidos utilizando información recopilada de 50 millones de usuarios de Facebook, utilizando herramientas provistas por el data mining y la comunicación estratégica. Aparentemente, esta era solo la punta del iceberg.

El nuevo Derecho del trabajo

La globalización ha dejado en el camino a un importante grupo de trabajadores que hoy en día tienen mayores dificultades para vincularse al exigente mercado laboral.

Actualmente, puestos como operadores de cajas o servicio a clientes en supermercados, aeropuertos o restaurantes (y en general cualquier trabajador con una función repetitiva), están viéndose superados por eficientes máquinas que, además, cada vez son más accesibles y disponibles para muchísimas otras industrias.

En nuestro país aún contamos con una regulación laboral rezagada, plagada de beneficios y consideraciones abusivas que protegen al trabajador a ultranza. Mientras se continúe en esa línea de encarecer los puestos de trabajo a costa del empleador, entre ellas, incapacidades recurrentes, altas prestaciones, huelgas, imposibilidad de despedir personal a pesar de pruebas que así lo justifican y, finalmente, elevadísimos costos de operación, se catalizará el proceso de la automatización de funciones, prescindir de puestos tradicionalmente problemáticos o reducción de planillas procurando eficiencia y economía.

Si consideramos que la última gran reforma laboral demoró 17 años de negociaciones, discusiones y concesiones, es posible que cuando tomemos conciencia de la urgencia de una regulación más moderna y alineada a los procesos tecnológicos, ya estemos en medio de las consecuencias de la automatización, dado que estos procesos suelen avanzar con mayor rapidez que la capacidad de reacción de los reguladores.

¿Cómo debemos reaccionar?

Si bien el espectro del Derecho es increíblemente amplio, y algunas de las ramas tradicionales mantendrán su vigencia o bien se redefinirán para continuar siendo útiles, coinciden diferentes especialistas sobre la necesidad de actualizarse constantemente. Con el objetivo de entender el Derecho en su relación con otras profesiones, tecnologías y aquellas relaciones derivadas de la sociedad moderna en que vivimos y viviremos.

La I.A., el desarrollo de nuevas tecnologías, la generación vertiginosa de información y el uso de los datos, combinado con la necesidad de los vendedores de acceder a toda costa a nuestros datos, deben tener límites claros provistos por una regulación actualizada (preferiblemente transfronteriza).

Por otra parte, hemos encontrado que las fronteras se han vuelto cada vez más sutiles. Por ejemplo, comúnmente nos encontramos con abogados de Costa Rica asesorando empresas europeas, domiciliadas en Estados Unidos, procesando información en Belice para clientes globales. Por lo tanto, este panorama nos obliga a cambiar la idea del abogado “tradicional”, con un protocolo debajo del brazo que realizaba labores repetitivas, machoteras, fácilmente sustituibles por tecnologías más confiables y menos corruptibles que el ser humano. Y, mejor aún, que ya se aplican en países similares al nuestro con mucho éxito.

Juan Ignacio Guzmán Fernández

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G&D Asesores Jurídicos