Albricias, acuerdo con el FMI. Urge aprobarlo

Miguel Angel Rodríguez [email protected] | Lunes 25 enero, 2021

Lo mejor sería no necesitar acuerdo con el FMI. Haber manejado en los últimos 12 años bien las finanzas públicas, tener superávit primario y un nivel bajo de deuda pública como antes teníamos, y poder -por lo tanto- sobreponernos a un golpe duro como el del COVID-19 con recursos propios y mediante un crecimiento de la deuda que no significaría riesgo para la estabilidad financiera, ni tener que pagar tasas de interés obscenas.

Pero bueno, no fue así. Y la pandemia nos tomó sin espacio fiscal, sobre endeudados y no nos dio tiempo de que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas cumpliera su gradual cometido.

En esas circunstancias requerimos un fuerte ajuste fiscal para enfrentar este diminuto y poderoso virus, y la manera de hacerlo -poco a poco y con menos costos de sufrimiento humano- es mediante un acuerdo con el FMI y con una reducción ordenada del endeudamiento. El acuerdo con el FMI -lo venimos diciendo hace ya muchos meses- nos permite generar mayor confianza en que cumpliremos con las medidas y las metas de consolidación fiscal, aunque su aplicación sea gradual, y por consiguiente vuelve más favorables los mercados para el financiamiento. Dado el monto anual de las amortizaciones a la deuda pública y la gradual disminución del déficit fiscal, por varios años continuaremos necesitando financiar al sector público, y el acuerdo lo facilita y a la vez adelanta la disminución de las tasas de interés cuyo pago se ha constituido -en los últimos años- en el principal disparador del gasto público.

Por eso es un justo motivo de satisfacción que el pasado viernes el gobierno y la misión del FMI encabezada por la Directora del Hemisferio Occidental hayan llegado a un acuerdo.

El acuerdo pretende una reversión del déficit primario del orden de 5 puntos porcentuales (p.p.) del PIB, que se logra mediante una reducción propuesta de gastos de 3,59 p.p. del PIB y un aumento de ingresos de 1,15 p.p. del PIB. Los ajustes en ambos casos se llevarían a cabo en 5 años a partir del actual, lo que evidentemente recarga la responsabilidad de su ejecución en la próxima administración. Debe, sin embargo, aceptarse que esto último es lógico si se pretende un ajuste gradual para paliar su costo social, y además el esfuerzo promedio exigido al gobierno para este año y para cada uno de los cuatro siguientes es muy similar.

En este programa con el Fondo la contribución de ingresos provenientes del sector privado es de una cuarta parte del tamaño del ajuste. Los impuestos que ahora se incluyen son los provenientes de la renta global propuesta por los Exministros de Hacienda y presentada por mi gobierno desde hace casi 20 años, de la modificación al impuesto de las casas de lujo, de impuesto a la renta a los premios de lotería y de la eliminación de exoneraciones. Otro ingreso proviene del propio sector público. Es un impuesto sobre la renta a 14 entidades públicas que produciría 0,2 p.p. del PIB.

Entre las medidas que las autoridades han anunciado pero que no está incluida en el acuerdo es la venta de la cartera de préstamos para educación de CONAPE. Esta medida significaría 0,6 p.p. adicionales de ajuste, lo que aumentaría su tamaño a 5,34 p.p. del PIB. Aún con este ingreso la proporción de aumento de recursos para el estado provenientes del sector privado sería de un 29%, muy inferior a la primera propuesta del gobierno que estaba recargada en impuestos.

Si se sigue adelante con la idea de vender la cartera de CONAPE para dar un golpe inmediato que disminuya la deuda pública, debería compensarse ese efecto contrario a la justicia social y a la eficiencia económica, con transferencias anuales a CONAPE de manera que no se afecte el acceso de jóvenes sin recursos a la educación terciaria; o con otra medida equivalente que produzca el mismo resultado mediante acuerdos con la banca comercial; y que CONAPE siga escogiendo a los estudiantes y disminuyendo el riesgo comercial de esos préstamos.

Este acuerdo está sujeto a la aprobación del Directorio del FMI y de la Asamblea Legislativa, que entre más pronto se den más nos favorecerán.

Esta misma semana tuvimos dos noticias adicionales que en medio de las dificultades fiscales y económicas que vivimos resultan muy positivas para nuestro futuro económico y social.

Los resultados fiscales de 2020 fueron mejores de lo que se había venido proyectando. El déficit fiscal fue de 8,3% del PIB, el déficit primario de 3,5% y la deuda pública de 69,7%. Estas cifras se comparan favorablemente con las estimaciones previas de 9,2%, 4% y 70,1% respectivamente.

Debe reconocerse el esfuerzo de contención del gasto logrado por la acción del gobierno y de los señores y señoras diputadas. El gasto total -incluyendo intereses- bajó en 0,6 p.p. del PIB, a pesar de que la pandemia produjo un aumento de los gastos en salud y en transferencias a las familias sin salario, con actividades productivas interrumpidas y en pobreza del orden de 0,85 p.p. del PIB, y de que los gastos en intereses crecieron 0,47 p.p. del PIB. Esto se logró principalmente por un muy bajo crecimiento en remuneraciones (0,18% de 2019 a 2020), una disminución en transferencias al sector público (14,5% equivalente a 0,83 p.p. del PIB) y desdichadamente también por una reducción muy fuerte de los gastos de capital (0,71 p.p. del PIB).

La otra noticia favorable fue el resultado de una revisión de las cuentas nacionales con base en 2017 que determinó un PIB mayor en un 3,5%, producto principalmente de un mayor monto del valor agregado en servicios. Esto produjo una disminución adicional del déficit primario que cae a 3,4% del PIB, del déficit financiero que es ahora 8,1% del PIB y de la relación deuda pública a PIB que baja a 67,5%.

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