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Acuerdo de Escazú también es adversado por UCCAEP

Jeffry Garza [email protected] | Miércoles 21 abril, 2021 02:04 p. m.


un hombre de saco y corbata sobre un fondo de sala de reuniones
“El Acuerdo de Escazú fue firmado por 24 países, pero nadie del Gobierno lo consultó de previo a la firma", dijo José Álvaro Jenkins, presidente de UCCAEP. Elaboración propia/La República


El Acuerdo de Escazú también es visto con malos ojos por la Unión de Cámaras del Sector Privado (UCCAEP), al considerar que el tratado afectaría la reactivación de la economía.

Esta cámara se suma a su homóloga de industrias, ambas en la misma línea de que el acuerdo no se apruebe en la Asamblea Legislativa y sea retirado de las sesiones extraordinarias.

Lea más: “Acuerdo de Escazú es inconstitucional”, insisten industriales

Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas, según UCCAEP, que además aseveró que su oposición a la iniciativa no pasa por un tema ambiental o de desarrollo sostenible.

“El Acuerdo de Escazú fue firmado por 24 países, pero nadie del Gobierno lo consultó de previo a la firma. El proyecto de ley nunca fue puesto en consulta por la Asamblea Legislativa al sector productivo, ni a nivel de Comisión, ni en el Plenario. Hoy cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción”, dijo José Álvaro Jenkins, presidente de UCCAEP.

El tratado mencionado es un acuerdo regional vinculante sobre derechos humanos y medio ambiente, que tiene como centro el cumplimiento del principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente, para garantizar en América Latina y el Caribe los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos de este tipo.

Lea más: Costa Rica cerca de quedar fuera de tratado ambiental que promocionó

Lleva el nombre de la ciudad josefina, precisamente porque fue el lugar donde se firmó en 2018. Costa Rica impulsó el acuerdo en Latinoamérica junto a Chile.

De no ratificarse, se afectaría la imagen verde del país y sería un retroceso en materia de la protección legal de las personas que defienden la fauna y la flora, considera la comunidad ambiental nacional.

La ratificación del Acuerdo es necesaria para dar protección jurídica a las personas defensoras del ambiente, que muchas veces son silenciadas por intereses económicos, apunta el Programa Kioscos Socioambientales de la UCR.

América Latina es la región del mundo que más registra asesinatos de activistas ambientalistas, de acuerdo con cifras de Global Witness.

Solo en 2019 hubo 148, sumando el del indígena Sergio Rojas en Costa Rica.


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