Abogados de May enfrentan preguntas sobre Brexit

Los abogados del gobierno del Reino Unido tuvieron un primer día difícil en un caso de la Suprema Corte que decidirá si la primera ministra, Theresa May, podrá ejecutar su plan para iniciar el proceso de salida de Europa en marzo.

Los 11 jueces rebatieron una y otra vez los argumentos del abogado gubernamental James Eadie de que May no necesita un voto del parlamento para activar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa.
Los jueces se concentraron en el hecho de que los legisladores habían aprobado el tratado de 1972 que allanó el camino para que el Reino Unido se sumara a la UE y uno de los magistrados lo calificó de “esfuerzo conjunto”.
“Si nuestro ingreso fue resultado de un esfuerzo conjunto, ¿no debería serlo también nuestra partida?”, preguntó el lunes a Eadie el juez Nicholas Wilson.
Un revés para la Primera Ministra podría obligar a May a revelar más información respecto de sus planes para el Brexit.
May dijo en más de una ocasión a los legisladores que no hablaría sobre su posición negociadora para no dar ventaja a sus pares de la UE.
May quiere activar de forma unilateral el Artículo 50 para evitar un prolongado proceso de debate de legislación en el parlamento.
“Según sus análisis, el parlamento está dispuesto a hacer lo que el gobierno decida sin expresar su opinión”, dijo a Eadie el juez Jonathan Mance.
Si bien los jueces de la Suprema Corte con frecuencia se oponen para poner a prueba los argumentos presentados, quienes condenan el Brexit aprovecharán sus declaraciones como prueba de que podrían oponerse al gobierno.
Abogados que observan el proceso dijeron que el tono de las preguntas indicaba que la corte analizaba con atención los argumentos del gobierno.

“Desafíos incómodos”

Schona Jolly, una abogada de Cloisters en Londres, dijo en un posteo en Twitter que Eadie había enfrentado algunos “desafíos incómodos” en relación con las diferencias entre reformar los derechos de la UE y retirarse por completo del bloque.
En sus comentarios iniciales, Wright había presentado el caso como una simple cuestión de privilegio ejecutivo. Dijo que la facultad de la Primera Ministra de negociar decenas de tratados internacionales al año en el marco de la “prerrogativa real” sin supervisión parlamentaria “no es una antigüedad”.
El referéndum “se realizó con la expectativa universal, incluido el parlamento, de que el gobierno instrumentaría el resultado”, dijo Wright. La necesidad del gobierno de conservar el control de la estrategia y las negociaciones internacionales es “clara y convincente”.