A tres años de Dodd-Frank

Tras la última gran crisis financiera global, la promulgación de nueva regulación financiera en las economías desarrolladas ha sido extensa, pero su implementación lenta. Este es el resultado de normas legales complejas y extensas, que van más allá de las capacidades institucionales de las autoridades de supervisión, así como de las entidades supervisadas, para ponerlas en operación oportunamente.
Este mes se cumplen tres años desde la promulgación en el Congreso de Estados Unidos de la Ley de Reforma a Wall Street y Protección del Consumidor, mejor conocida como Dodd-Frank. Esta Ley implementa cambios que, entre otras cosas, afectan la supervisión de las instituciones financieras, establece un nuevo procedimiento de resolución de empresas que son consideradas demasiado grandes para fallar, crea una nueva agencia gubernamental responsable de implementar y hacer cumplir las leyes financieras relacionadas con el consumidor, introduce más estrictos requisitos de capital regulatorio, introduce cambios significativos en la regulación de los instrumentos derivados, refuerza la regulación de las agencias de calificación de riesgo, implementa cambios en el gobierno corporativo y las prácticas de remuneración de los ejecutivos, obliga a cambios significativos en el mercado de titularización y restringe a los bancos de realizar ciertas inversiones que considera especulativas que no benefician a sus depositantes.
Es natural que luego de un evento de crisis los legisladores tiendan a sobrerregular con la buena intención de evitar a toda costa que algo similar pueda volver a suceder. Además, las entidades reguladas las aceptan como una forma de mitigar el potencial riesgo reputacional al que pueden estar sujetas por la percepción pública de que sus actividades no son adecuadamente monitoreadas. Es de esta forma que a partir de la ambiciosa agenda de esta Ley se han emitido 155 nuevos reglamentos financieros compuestos de 13.789 páginas y aún están pendientes 243 reglamentos.
En la coyuntura económica actual, se está generando una creciente tensión entre el objetivo de los legisladores de aumentar los requerimientos regulatorios por un lado y la necesidad de incentivar la vacilante reactivación de la producción. Adicionalmente, pone presión sobre los mercados financieros emergentes. Al limitarse la posibilidad de tomar riesgo en los mercados desarrollados, capitales tienden a fluir en busca de alternativas más rentables en el resto del mundo, que a la vez son más riesgosas.

Pablo Villamichel
Economista
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