A revisión empleo público
Oscar Rodriguez [email protected] | Miércoles 18 enero, 2012
Instituciones deberán rendir informes salariales
A revisión empleo público
Amenaza a estabilidad laboral, dicen sindicatos
El Estado comenzará una revisión, a partir de este año, del empleo público.
La ganancia de esta medida sería un uso más racional de los recursos y el ordenamiento de la contratación estatal.
Mientras que los perdedores, argumentan los sindicatos, serán los trabajadores públicos ante la amenaza de la pérdida de la estabilidad laboral.
La nueva directriz gubernamental, de noviembre pasado, establece que todas las instituciones están obligadas a rendir informes en materia laboral.
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) es la única entidad para la cual no rige la medida debido al régimen de confidencialidad de su información empresarial, por la apertura de la industria telecom.
La Autoridad Presupuestaria, conformada por los ministerios de Hacienda, de Planificación y de Trabajo, podrá aplicar políticas rigurosas sobre empleo, salarios y los incentivos que se pagan en el Estado.
El objetivo es establecer una única política de contratación. La norma busca crear un sistema de empleo integrado en una sola dirección.
Además, evaluará el desempeño de los trabajadores estatales frente a la prestación de los servicios públicos.
Las entidades deberán cumplir los parámetros que se dicten en materia laboral y no podrían escudarse en su autonomía para cumplir con los mandatos gubernamentales.
El sector público cuenta, actualmente, con diversos regímenes laborales que contienen privilegios extra frente al sector privado.
En los entes autónomos, como el ICE, Japdeva, universidades públicas, Caja y bancos estatales, hay no menos de 103 diferentes beneficios salariales, en muchos casos negociados con sindicatos.
La principal garantía de los burócratas, frente al resto de trabajadores, es que tienen empleo de por vida. Realizar ajustes en la planilla es un proceso engorroso.
La única forma de que se despida a un funcionarios es cuando comete una falta grave.
Aun así, el trabajador puede apelar la decisión, en un proceso largo, durante el cual siempre recibe el salario.
Bajo este esquema, es casi imposible reducir el empleo estatal.
Precisamente estos privilegios son los que han disparado el crecimiento del déficit fiscal por el aumento en la contratación de trabajadores y ajustes extraordinarios en salarios.
El Estado tiene una fuerza laboral de poco más de 350 mil personas, mientras que en el sector privado son más 800 mil.
“Los salarios son el 80% del gasto del Gobierno. Si uno quiere controlar el uso de los recursos deberá controlar el empleo”, dijo Fernando Herrero, ministro de Hacienda.
El año anterior se dictó no crear nuevas plazas. Sin embargo, podría intensificarse y abarcar los puestos de funcionarios interinos.
Una de las primeras medidas a la contención del gasto laboral, durante este año, fue establecer un alza de ¢5 mil a la base de los sueldos de los empleados públicos.
Estas decisiones gubernamentales han sido catalogadas por los sindicatos como un golpe a la estabilidad laboral de los empleados públicos.
“Percibimos una intención de estandarizar todas las condiciones de empleo público”, enfatizó Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP).
El fin de la medida, argumentan, es establecer el salario único en todas las instituciones. Este es un nuevo sistema que elimina los pluses y privilegios de los sueldos.
Además, crea las condiciones para fusiones de instituciones, cierre de programas públicos y nuevas reglas de contratación de personal.
“Se trata de una intentona de Reforma del Estado vertical, por la cocina, a espaldas de los trabajadores públicos”, dijo Vargas.
El sistema salarial de privilegios extra en el Estado fue ideado a mitad del siglo XX, con el objeto de promover la atracción de profesionales y equiparar sus sueldos con los del mercado privado.
Sin embargo, las razones que lo justificaban hace tiempo dejaron de existir, ahora el Estado ofrece un trato superior al que recibe la mayoría de los trabajadores privados.
Oscar Rodríguez
[email protected]
A revisión empleo público
Amenaza a estabilidad laboral, dicen sindicatos
La ganancia de esta medida sería un uso más racional de los recursos y el ordenamiento de la contratación estatal.
Mientras que los perdedores, argumentan los sindicatos, serán los trabajadores públicos ante la amenaza de la pérdida de la estabilidad laboral.
La nueva directriz gubernamental, de noviembre pasado, establece que todas las instituciones están obligadas a rendir informes en materia laboral.
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) es la única entidad para la cual no rige la medida debido al régimen de confidencialidad de su información empresarial, por la apertura de la industria telecom.
La Autoridad Presupuestaria, conformada por los ministerios de Hacienda, de Planificación y de Trabajo, podrá aplicar políticas rigurosas sobre empleo, salarios y los incentivos que se pagan en el Estado.
El objetivo es establecer una única política de contratación. La norma busca crear un sistema de empleo integrado en una sola dirección.
Además, evaluará el desempeño de los trabajadores estatales frente a la prestación de los servicios públicos.
Las entidades deberán cumplir los parámetros que se dicten en materia laboral y no podrían escudarse en su autonomía para cumplir con los mandatos gubernamentales.
El sector público cuenta, actualmente, con diversos regímenes laborales que contienen privilegios extra frente al sector privado.
En los entes autónomos, como el ICE, Japdeva, universidades públicas, Caja y bancos estatales, hay no menos de 103 diferentes beneficios salariales, en muchos casos negociados con sindicatos.
La principal garantía de los burócratas, frente al resto de trabajadores, es que tienen empleo de por vida. Realizar ajustes en la planilla es un proceso engorroso.
La única forma de que se despida a un funcionarios es cuando comete una falta grave.
Aun así, el trabajador puede apelar la decisión, en un proceso largo, durante el cual siempre recibe el salario.
Bajo este esquema, es casi imposible reducir el empleo estatal.
Precisamente estos privilegios son los que han disparado el crecimiento del déficit fiscal por el aumento en la contratación de trabajadores y ajustes extraordinarios en salarios.
El Estado tiene una fuerza laboral de poco más de 350 mil personas, mientras que en el sector privado son más 800 mil.
“Los salarios son el 80% del gasto del Gobierno. Si uno quiere controlar el uso de los recursos deberá controlar el empleo”, dijo Fernando Herrero, ministro de Hacienda.
El año anterior se dictó no crear nuevas plazas. Sin embargo, podría intensificarse y abarcar los puestos de funcionarios interinos.
Una de las primeras medidas a la contención del gasto laboral, durante este año, fue establecer un alza de ¢5 mil a la base de los sueldos de los empleados públicos.
Estas decisiones gubernamentales han sido catalogadas por los sindicatos como un golpe a la estabilidad laboral de los empleados públicos.
“Percibimos una intención de estandarizar todas las condiciones de empleo público”, enfatizó Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP).
El fin de la medida, argumentan, es establecer el salario único en todas las instituciones. Este es un nuevo sistema que elimina los pluses y privilegios de los sueldos.
Además, crea las condiciones para fusiones de instituciones, cierre de programas públicos y nuevas reglas de contratación de personal.
“Se trata de una intentona de Reforma del Estado vertical, por la cocina, a espaldas de los trabajadores públicos”, dijo Vargas.
El sistema salarial de privilegios extra en el Estado fue ideado a mitad del siglo XX, con el objeto de promover la atracción de profesionales y equiparar sus sueldos con los del mercado privado.
Sin embargo, las razones que lo justificaban hace tiempo dejaron de existir, ahora el Estado ofrece un trato superior al que recibe la mayoría de los trabajadores privados.
Oscar Rodríguez
[email protected]