LLAMADA CAIDA
Luis Valverde [email protected] | Lunes 23 julio, 2012
Enfermedad del ICE requiere cura
LLAMADA CAIDA
Pocas estatales de telecom sobreviven a competencia
En América Latina, la minoría de las empresas de telecom propiedad del Estado ha sobrevivido a la competencia privada en un ambiente de apertura, sólo quedan cinco casos.
Si la historia es una guía, la división telecom del ICE podría desaparecer, lo que nos dejaría con solo dos operadores —Claro y Movistar, a menos que la estatal comience a efectuar cambios importantes en la forma de hacer negocios.
Para procurar que el ICE sobreviva, una alternativa es incrementar las tarifas de telefonía, pero en este caso, la apertura en los servicios no habría traído mucho beneficio.
Lo correcto sería que el ICE empiece a hacer los fuertes cambios necesarios para sanarse, lo cual implica una reforma profunda en la cultura de la empresa, así como del propio gobierno, donde siguen pensando que se puede evitar la suerte de venta o cierre que ha atrapado a casi todas las empresas estatales telecom del continente, y que actualmente amenaza a las que quedan.
De las empresas estatales telecom que todavía operan en América Latina, Hondutel anunció este mes que necesita $500 millones de nuevo financiamiento, con el fin de seguir operando.
Sin embargo, es probable que pocos inversores estén interesados en darle dinero a una empresa que compite en un mercado tan pequeño, con las gigantes Claro, una división de América Móvil, y Tigo, una división de Millicom International.
Por su parte, Antel de Uruguay sobrevive a la apertura del sector telecom, en gran parte porque la compañía invirtió en la prestación del servicio de Internet, mediante su red de líneas de telefonía fija, y como resultado desarrolló una operación rentable.
Sin embargo, la transición hacia la telefonía móvil obligará a Antel a enfrentar nuevos retos.
Hay también empresas estatales en Bolivia, Venezuela y Ecuador. Sin embargo, se trata en cada uno de esos casos de un estado socialista, que estaría dispuesto a subsidiar las empresas nacionales, si fuera necesario.
Estas experiencias ponen al ICE a enfrentar grandes desafíos, como el de llegar a convertirse en un pigmeo entre gigantes.
Cuando tiene que comprar los equipos de cualquier tipo, desde los iPhone hasta los sistemas de conmutación, el Instituto paga un alto precio en comparación con Claro y Movistar, que compran en cantidades enormes para sus operaciones mundiales.
No hay nada que el ICE pueda hacer contra esta situación.
Por ello, debería entonces ser más productivo en otras áreas de su funcionamiento; algo que no está sucediendo.
Todo lo contrario, en cuanto a costos operativos, el ICE es una empresa telecom poco eficiente, principalmente a causa de una fuerza de trabajo en la división de telefonía de entre 6 mil y 9 mil personas.
Aun con la menor de estas cifras, se trata de un personal diez veces mayor que el de cualquier competidor.
La gestión es otro de los temas que atan al ICE, tanto en términos de personal, como de procedimientos.
Si bien el ICE ha tenido —y sigue teniendo— muchas personas de gran talento en todos los niveles, existe una rotación constante en la posición más importante en la empresa, debido a que la presidencia es un cargo político.
Durante la última década, el ICE tuvo no menos de cuatro líderes.
Mientras tanto, una empresa privada asegura la continuidad y la estabilidad, cambiando la alta dirección solo en tiempos de crisis.
Otra cuestión fundamental consiste en el hecho de que el ICE obliga a los mismos gerentes a liderar dos negocios completamente diferentes —telefonía y energía— cada uno con sus propias complicaciones.
En cuanto a los procedimientos, el Instituto, como empresa del Estado, toma las decisiones con más rapidez que un ministerio.
Sin embargo, una serie de normas burocráticas afectan su capacidad de hacer compras, así como tomar otras decisiones, de tal manera que es lento para reaccionar a los cambios en el mercado, en comparación con sus competidores del sector privado.
A raíz de ello, las opciones del ICE incluyen la venta de la empresa, aunque el escenario es complicado y aún poco viable.
Es casi seguro que Movistar y Claro se opongan a la adquisición del ICE por una tercera empresa, ya que las inversiones que ellas hicieron para entrar al mercado de Costa Rica se basaron en la expectativa de que iban a competir con una empresa del Estado, y no otra compañía mundial de telecom.
Una subasta del ICE al mejor postor entre Claro y Movistar sería más justa.
Sin embargo, el resultado sería un cuasi monopolio para el oferente ganador, al menos en el corto plazo.
Otra alternativa consiste en que los reguladores del gobierno impongan tasas para el servicio de telefonía celular que sean lo suficientemente altas para mantener el ICE vivo.
Sin embargo, eso implica que todos los usuarios de telefonía celular pagarían millones de dólares cada año para mantener una empresa estatal ineficiente, garantizando al mismo tiempo que las empresas privadas obtengan ganancias extraordinarias, que se envían a México y Madrid.
La mejor opción es hacer el ICE lo más eficiente posible, de modo que siga brindando un servicio competitivo.
Para llegar a esa meta, sería necesario cambiar una cultura, tanto en el ente como en el gobierno, ninguno de los cuales ha llegado a enfrentarse con la posibilidad de que el ICE pueda ir a la quiebra.
La experiencia del resto de América Latina muestra que esa opción de hecho es real.
Luis Valverde
[email protected]
LLAMADA CAIDA
Pocas estatales de telecom sobreviven a competencia
Si la historia es una guía, la división telecom del ICE podría desaparecer, lo que nos dejaría con solo dos operadores —Claro y Movistar, a menos que la estatal comience a efectuar cambios importantes en la forma de hacer negocios.
Para procurar que el ICE sobreviva, una alternativa es incrementar las tarifas de telefonía, pero en este caso, la apertura en los servicios no habría traído mucho beneficio.
Lo correcto sería que el ICE empiece a hacer los fuertes cambios necesarios para sanarse, lo cual implica una reforma profunda en la cultura de la empresa, así como del propio gobierno, donde siguen pensando que se puede evitar la suerte de venta o cierre que ha atrapado a casi todas las empresas estatales telecom del continente, y que actualmente amenaza a las que quedan.
De las empresas estatales telecom que todavía operan en América Latina, Hondutel anunció este mes que necesita $500 millones de nuevo financiamiento, con el fin de seguir operando.
Sin embargo, es probable que pocos inversores estén interesados en darle dinero a una empresa que compite en un mercado tan pequeño, con las gigantes Claro, una división de América Móvil, y Tigo, una división de Millicom International.
Por su parte, Antel de Uruguay sobrevive a la apertura del sector telecom, en gran parte porque la compañía invirtió en la prestación del servicio de Internet, mediante su red de líneas de telefonía fija, y como resultado desarrolló una operación rentable.
Sin embargo, la transición hacia la telefonía móvil obligará a Antel a enfrentar nuevos retos.
Hay también empresas estatales en Bolivia, Venezuela y Ecuador. Sin embargo, se trata en cada uno de esos casos de un estado socialista, que estaría dispuesto a subsidiar las empresas nacionales, si fuera necesario.
Estas experiencias ponen al ICE a enfrentar grandes desafíos, como el de llegar a convertirse en un pigmeo entre gigantes.
Cuando tiene que comprar los equipos de cualquier tipo, desde los iPhone hasta los sistemas de conmutación, el Instituto paga un alto precio en comparación con Claro y Movistar, que compran en cantidades enormes para sus operaciones mundiales.
No hay nada que el ICE pueda hacer contra esta situación.
Por ello, debería entonces ser más productivo en otras áreas de su funcionamiento; algo que no está sucediendo.
Todo lo contrario, en cuanto a costos operativos, el ICE es una empresa telecom poco eficiente, principalmente a causa de una fuerza de trabajo en la división de telefonía de entre 6 mil y 9 mil personas.
Aun con la menor de estas cifras, se trata de un personal diez veces mayor que el de cualquier competidor.
La gestión es otro de los temas que atan al ICE, tanto en términos de personal, como de procedimientos.
Si bien el ICE ha tenido —y sigue teniendo— muchas personas de gran talento en todos los niveles, existe una rotación constante en la posición más importante en la empresa, debido a que la presidencia es un cargo político.
Durante la última década, el ICE tuvo no menos de cuatro líderes.
Mientras tanto, una empresa privada asegura la continuidad y la estabilidad, cambiando la alta dirección solo en tiempos de crisis.
Otra cuestión fundamental consiste en el hecho de que el ICE obliga a los mismos gerentes a liderar dos negocios completamente diferentes —telefonía y energía— cada uno con sus propias complicaciones.
En cuanto a los procedimientos, el Instituto, como empresa del Estado, toma las decisiones con más rapidez que un ministerio.
Sin embargo, una serie de normas burocráticas afectan su capacidad de hacer compras, así como tomar otras decisiones, de tal manera que es lento para reaccionar a los cambios en el mercado, en comparación con sus competidores del sector privado.
A raíz de ello, las opciones del ICE incluyen la venta de la empresa, aunque el escenario es complicado y aún poco viable.
Es casi seguro que Movistar y Claro se opongan a la adquisición del ICE por una tercera empresa, ya que las inversiones que ellas hicieron para entrar al mercado de Costa Rica se basaron en la expectativa de que iban a competir con una empresa del Estado, y no otra compañía mundial de telecom.
Una subasta del ICE al mejor postor entre Claro y Movistar sería más justa.
Sin embargo, el resultado sería un cuasi monopolio para el oferente ganador, al menos en el corto plazo.
Otra alternativa consiste en que los reguladores del gobierno impongan tasas para el servicio de telefonía celular que sean lo suficientemente altas para mantener el ICE vivo.
Sin embargo, eso implica que todos los usuarios de telefonía celular pagarían millones de dólares cada año para mantener una empresa estatal ineficiente, garantizando al mismo tiempo que las empresas privadas obtengan ganancias extraordinarias, que se envían a México y Madrid.
La mejor opción es hacer el ICE lo más eficiente posible, de modo que siga brindando un servicio competitivo.
Para llegar a esa meta, sería necesario cambiar una cultura, tanto en el ente como en el gobierno, ninguno de los cuales ha llegado a enfrentarse con la posibilidad de que el ICE pueda ir a la quiebra.
La experiencia del resto de América Latina muestra que esa opción de hecho es real.
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