Hacienda analiza costo-beneficio de fijar un impuesto

Educación privada sería exonerada de pago del IVA

Decisión final se tomará en los próximos dos meses

Hasta este momento, la decisión del Ministerio de Hacienda es no gravar la educación privada con el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
De este modo, los colegios y universidades privadas no tendrían que trasladar una mayor carga impositiva a los estudiantes.

La idea es no afectar a las familias de un menor poder adquisitivo y que en buena medida utilizan estos servicios.
No obstante, la valoración final estará lista dentro de dos meses, cuando el nuevo proyecto de reforma fiscal salga a la luz.
“La decisión parte de exonerar por las mismas razones de sensibilidad del servicio. Aún hay criterios de oportunidad que hay que valorar, por eso estamos analizando la experiencia en otros países”, dijo Fernando Rodríguez, viceministro de Ingresos.
México, Colombia y Uruguay son algunos de los escenarios que serán examinados por parte de Hacienda.
La discusión está en si se encuentra el punto medio para tasar a sectores de altos ingresos sin afectar a los de menores recursos.
En este sentido, si se llegara a gravar la educación, se retomaría la cifra de la propuesta de Solidaridad Tributaria del 2%.
“Es cuestión de matemática. Se pueden acreditar los impuestos pagados en las distintas etapas de prestación del servicio, lo que vamos a hacer es un trabajo de simulación ideal”, agregó Rodríguez.
Aún se desconoce si una exoneración sale más cara a las empresas que gravarlas con una tasa baja, dos situaciones que se examinan actualmente.
A través del mecanismo se aplicarían créditos fiscales para reducir del pago los tributos que ya fueron cancelados en otros insumos.
Si se grava a la educación privada se afecta un derecho humano, según las universidades. En el país, la mayoría de los estudiantes trabajan para pagar sus estudios.
“Por principio, la educación debe estar exenta de impuestos. El impuesto no es a las universidades, es a los estudiantes, puesto que va cargado a la matrícula. Ya las universidades pagan renta e impuestos de venta, a lo que no se oponen. Aquí no se trata de discutir porcentajes, sino principios, pues si ahora es un 2%, luego puede ser un 15%, como propuso el Gobierno anterior”, argumentó Alban Bonilla, director ejecutivo de la Unión de Rectores de Universidades Privadas (Unire).
Una contracción de la demanda educativa sería la mayor consecuencia, porque el impuesto sería absorbido directamente por los estudiantes.
Los estudiantes desertarían, tendrían que realizar sus carreras a plazos más largos o recurrir a un mayor endeudamiento para financiar sus estudios, lo que produciría una merma del crédito.
Otro efecto sería el incremento de la brecha entre ricos y pobres por la dificultad de acceso a la educación superior.
Un nuevo gravamen podría ser incluso una modalidad de doble imposición, que solo vendría a ocasionar un desequilibrio en la salud financiera de las universidades que, al igual que cualquier otra empresa, cumplen con el pago de salarios, cargas sociales y contribuyen con la dinamización de la economía nacional.
“El legislador tiene la obligación de gravar la riqueza en donde ella se encuentre. Asumir que un estudiante que paga una universidad privada lo hace por disponer de recursos refleja una gran miopía, al desconocer las barreras de ingreso a las universidades públicas y no investigar acerca de las formas en que los alumnos de instituciones privadas pagan sus estudios”, dijo Marianela Núñez, rectora adjunta de Asuntos Académicos de Ulacit.
La mayoría de las universidades están constituidas como sociedades anónimas. Esto implica que pagan un 30% sobre sus utilidades.

María Siu Lanzas
[email protected]
@La_Republica