2020 y 2021 serán años con graves problemas económicos y sociales

Miguel Angel Rodríguez [email protected] | Lunes 04 mayo, 2020

El BCCR, el Ministerio de Hacienda y el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la UCR presentaron en los últimos días sus previsiones sobre los resultados macroeconómicos y fiscales a consecuencia del COVID-19.

Como era de esperar los resultados son muy lamentables.

En lugar de crecer el PIB 2,5% como estimó el instituto emisor antes del COVID-19, ahora se espera que caiga un 3,6%, y aun contando con un crecimiento de 2,3% en 2021, la producción a finales del año entrante será un 2% menor a la del año pasado. Y ese resultado parte, en mi opinión, aunque no conozco los detalles de la proyección, de considerar que la recesión que vivimos será corta y que en el segundo semestre de este año volverá a crecer la producción interanual. Pocos días después del anuncio del BCCR de sus cifras, el IICE presentó una visión más pesimista: un decrecimiento del PIB de entre un 4% y un 5,9%. Como es evidente, a causa del impedimento de ingreso al país de extranjeros y del cierre de actividades de restaurante, bar y entretenimiento causado por la pandemia, la caída más pronunciada en la producción se da en esos servicios y en hoteles y comercio. También sufren más que el promedio la construcción, el transporte y la manufactura. Se proyecta pues la mayor caída en la producción desde la crisis de inicios de los 80.

El BCCR no ofrece previsiones sobre la evolución del empleo, y aún no están disponibles los datos del primer trimestre de la Encueta Continua de Empleo, pero los datos de producción y las solicitudes de suspensión de contratos laborales y de disminución de la jornada laboral presentadas al Ministerio de Trabajo ya indican un gran aumento del desempleo. Ese gran incremento también lo señalan los cientos de miles de solicitudes para obtener el beneficio del Plan Proteger del gobierno para atender a las personas que han quedado cesantes. El IICE estima que entre un 23 y un 24 % de las personas empleadas a finales del año pasado podrían perder su empleo, lo que llevaría esa cifra a más de un 35 % antes de que se inicie su disminución en los últimos meses de este año. Es de temer que a fin de año el porcentaje de desempleados será el mayor que se haya dado desde que se mide esa dolorosa circunstancia.

Por su parte el Sr Ministro de Hacienda en su presentación de las cifras fiscales esperadas para este año y congruentes con las previsiones del BCCR, indicó que el déficit financiero con las medidas de mitigación del gobierno ya tomadas en cuenta, será este año de 8,6% en lugar de un 6,2 (la proyección del BCCR en su Programa Macroeconómico para este año y la usada por el Ministro de Hacienda en su presentación el 10 de febrero a la Asamblea Legislativa, fue de 5,9% del PIB). El déficit primario sería este año de 3,4% en vez del esperado 1,3%.

El déficit financiero inicialmente esperado para este año de 5,9%, el Sr Ministro de Hacienda esperaba reducirlo a 5,1% del PIB, según su mencionada presentación en la Asamblea Legislativa. Es evidente que con la pandemia eso dejó de ser posible. Ahora para llegar a cerrar con un déficit financiero de 8,6% se deben compensar aumentos en la base que se había proyectado por caída de los ingresos en 3,1 puntos porcentuales (p.p.) del PIB y aumento en los gastos de 0,7 p.p. del PIB. El aumento en los gastos es 0,6 p.p. del PIB por transferencias y 0,1 p.p. en salud.

Déficit financiero previsto en febrero 6,2 (5,9 según BCCR y Ministro Hda. en A. L.)
Disminución ingresos 3,1
Aumento de gastos O,7
Déficit financiero con pandemia 10,0
Disminución gastos 0,4
Aumento ingresos 1,0
Nueva previsión déficit financiero 8,6

Con esos resultados la deuda pública del gobierno central cerraría este año en un 67% del PIB lo que significa que afrontaremos una difícil situación para colocar papel del gobierno en el mercado internacional, en el cual ya los títulos de nuestro país han tenido una importante disminución en su precio, y en el cual deberemos competir con naciones que llegaron a esta recesión con cifras fiscales sanas.

Por todo lo anterior es esencial para el bienestar nacional salir del muy bajo nivel de producción y empleo actual. Parece imposible sostenerlo por un período muy largo sin caer en una grave crisis financiera con aún peores costos sociales.

Nuestro país ha realizado una actividad sobresaliente en la atención sanitaria del COVID-19. La muy baja cantidad de defunciones, de contagios y de uso de las unidades de cuidados intensivos y alto número de personas recuperadas del virus son impresionantes cuando se comparan internacionalmente en proporción a nuestra población y al tiempo transcurrido desde que el COVID-19 llegó a nuestra patria.

No podemos permanecer indefinidamente con un nivel de producción tan bajo, y el mismo éxito sanitario justifican medidas para ir reanudando la producción, gradualmente, por regiones y según las características de las diversas actividades.

Claro que en una población con tan poca inmunización por el muy bajo número de contagios la reanudación de actividades productivas abre posibilidades para una masificación de la enfermedad y que se llegue a superar la capacidad de personal de salud, equipos para su protección, respiradores, espacio en las unidades de cuidados intensivos. Ello sería fatal y destrozaría el éxito que hasta ahora se tiene.

Por ello la programación de la apertura de la economía es la más delicada de las tareas que debemos enfrentar. Después vendrá otra también muy exigente: la recuperación de nuestra economía, y reencausarnos por la ruta del progreso social conservando en todo momento la estabilidad política.

Para tener éxito en esta nueva etapa los ciudadanos deberemos ser aún más cuidadosos en el respeto a las normas de distanciamiento social que las autoridades nos vayan señalando.

Por otra parte, los servicios de salud deben tener ahora a su disposición una cantidad muy considerable de equipos y capacidad para hacer pruebas sobre posible contagio que en esta nueva fase se produzca. Es muy posible una nueva y mayor ola de contaminación con este coronavirus, al tener una población que ha padecido tan poco de este virus. Por ello será necesario probar la situación de salud de muchas personas, y estar preparados para darle seguimiento a las personas que han tenido contacto con contagiados. Ello requiere contar con medios tecnológicos (principalmente mediante los sistemas de localización de los teléfonos celulares y el sistema EDUS de la CCSS) y personal capacitado para esa tarea.

Recientemente los estados de California y Massachussets han realizado la contratación de personal y el reclutamiento de voluntarios para esas tareas. La publicación “Político” del 27 de abril en su artículo “How California's contact tracing army could serve as model for nation's reopening” (El ejército de rastreo de contactos de California podría servir como modelo para la reapertura de la nación) en el cual se indica que ese estado, siguiendo el ejemplo anterior de Massachussets está contratando 100.000 personas para rastrear contactos que hayan tenido personas contagiadas. Esa publicación señala: “El rastreo de contactos sigue las ubicaciones y los individuos que una persona infectada del COVID-19 pudo haber expuesto al virus antes de ser diagnosticada y puesta en cuarentena. Se considera un instrumento esencial para ayudar a los estados a contener los contagios cuando se ha levantado las ordenes de aislarse en sus hogares, en especial porque hay muchos casos de personas contagiadas asintomáticas que, ignorantes de su condición, pueden exponer a la enfermedad a otras personas.”

¿No sería una buena medida para la apertura, contratar temporalmente al personal necesario para estas tareas entre las personas a las cuales por perder su empleo y por su muy bajo ingreso se les está dando un subsidio?

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