14 diputados piden al Presidente convocar proyecto sobre cannabis “por un principio de humanidad”

Un grupo de 14 diputados pidió al presidente Carlos Alvarado convocar, de manera prioritaria, el proyecto de ley para la regulación del cáñamo con fines industriales y la marihuana medicinal, ambas variedades de la planta cannabis.

Los firmantes de la excitativa son la diputada independiente Zoila Volio —proponente del proyecto—, en compañía de un grupo de representantes de distintas bancadas, conformado por los liberacionistas Karine Niño, Roberto Thompson, Paola Valladares, Carlos Ricardo Benavides, Silvia Hernández, Aida Montiel, Yorleny León, Daniel Ulate y Wagner Jiménez; el frenteamplista José María Villalta, los socialcristianos María Inés Solís y Erwen Masís; y la oficialista Paola Vega.

A través de una carta abierta, los congresistas enumeran siete razones de suma urgencia por las que el Ejecutivo no debe demorar más la convocatoria, “por un principio de humanidad”.

"Es una gran oportunidad de ubicarnos en los mercados de Asia y es un proyecto que urge en medio de la reactivación económica", dijo en conferencia de prensa la legisladora Vega.

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El expediente, que fue dictaminado positivamente en la Comisión de Ambiente el pasado mes de noviembre de 2020 durante sesiones ordinarias, se encontraría a las puertas del Plenario de ser convocado.

Sin embargo, este se encuentra en pausa ante la falta de apoyo del Poder Ejecutivo en sesiones extraordinarias, que se extenderán hasta el próximo 31 de julio.

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El proyecto permitirá la producción y comercialización del cáñamo de uso industrial y alimentario, y simultáneamente autorizará el aprovechamiento del cannabis para uso medicinal y terapéutico.

La cadena de valor del cáñamo alcanzará ventas globales de $5,7 mil millones para 2020, de acuerdo con estimaciones de la Promotora del Comercio Exterior.

Sus proyecciones sugieren además un crecimiento mundial de hasta $14,4 mil millones para 2025.

De convertirse en ley, esta nueva actividad económica crearía empleos, según estudios de Deloitte, y crearía recursos frescos para el Estado, al establecer un impuesto sobre rentas obtenidas por la realización de actividades autorizadas para cannabis de uso médico o terapéutico, cuya tarifa será del 1% de las utilidades netas.