En Costa Rica los impuestos y las exenciones tienen un comportamiento reproductivo similar a las amebas, y como tales, han dañado, dañan y seguirán dañando el cuerpo que las mantiene
101 impuestos y 227 exenciones
Tengo en mis manos la lista de impuestos existentes en nuestro país y realmente me sorprendió darme cuenta de que el número ascendía a la nada despreciable cifra de 101. ¿Y cómo andamos en exenciones? Pues la lista comprende apenas ¡227!. ¿Se deriva este fenómeno de la acumulación gradual de exenciones a través de 192 años de vida independiente? No. De hecho en 1992 se promulgó la Ley Reguladora de todas las exoneraciones, en la cual se eliminó una gran cantidad de las existentes a esa fecha. La conclusión es que en Costa Rica los impuestos y las exenciones tienen un comportamiento reproductivo similar a las amebas, y como tales, han dañado, dañan y seguirán dañando el cuerpo que las mantiene, es decir, Costa Rica. En un país con poco más de 4 millones de habitantes, estas cifras son absolutamente desproporcionadas. En muchos de los tributos la recaudación efectiva es insignificante y en el caso de las exenciones, tales incentivos no parecen responder a ningún tipo de política sistemática o estatal de incentivos a sectores claves, sino que más bien, en muchos casos son meras ocurrencias de quienes ocupan las curules temporalmente cada cuatro años. ¿El impuesto a los moteles pretende gravar algo que no ocurre en cualquier hotel del país?, ¿por qué se grava con ventas el servicio de las lavanderías y fotocopiadoras, pero no el diseño de jardines o la asesoría tributaria? ¿Por qué las telenovelas tienen una retención del 50% y las historietas de un 20%? La situación es el perfecto caldo de cultivo para abusos en las exenciones e irrespeto en los tributos. Más allá del plan propuesto por el Ministerio de Hacienda a efectos de tomar medidas para reducir el déficit fiscal, en la parte de ingresos debe darse un esfuerzo por sistematizar, eliminar y darle coherencia a las manifestaciones de riqueza que sean buenas candidatas para contribuir a los gastos públicos, no por criterios de mera facilidad recaudatoria, sino de justicia tributaria, algo que escasea mucho en el país. En relación con las exenciones, su permanencia debe responder a criterios transparentes de políticas de incentivo a actividades que se consideren claves para el desarrollo. Por último, tenemos que abandonar la idea de que cuando se habla de impuestos, todo se reduzca a aumentos de tarifas y pensar más integralmente, dotando a nuestro sistema tributario de seguridad jurídica, claridad y el debido respeto a los derechos de los contribuyentes, esto último que ha brillado por su ausencia en los proyectos tributarios de los últimos 30 años.
Rafael Luna
Abogado tributarista
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